Fallo de tutela interpuesta por el Ministerio Público ampara derechos de adolescentes infractores
• La acción constitucional fue interpuesta el pasado 8 de abril dada la situación de 60 menores de edad infractores que permanecían en un coliseo de Tunja (Boyacá), tras disturbios en el centro juvenil donde cumplían medidas de privación de la libertad.
• El Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad ordenó fijar de inmediato la metodología para la consecución de un inmueble apto para internar y proporcionar la atención especializada que los adolescentes requieren.
Dentro de la acción de tutela que interpuso la Procuraduría Regional de Boyacá, en conjunto con la Personería Municipal de Tunja, el juez segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esa ciudad amparó los derechos de los adolescentes infractores de la ley penal que desde el pasado domingo 20 de marzo se encuentran recluidos en el Coliseo del Instituto de Recreación y Deporte de la capital boyacense, a causa de los disturbios en el “Centro Juvenil Amigoniano” que los albergaba.
En la providencia se protegieron los derechos fundamentales prevalentes a la vida en condiciones dignas, a la asistencia educacional, a la salud, a la protección y a la integridad física de los menores de edad, y como consecuencia se ordenó al alcalde de Tunja (en su calidad de presidente de la Comisión Interinstitucional para la Implementación y Seguimiento del Sistema de Responsabilidad para Adolescentes), en el término de 48 horas, fijar la metodología para la consecución de un inmueble apto para internar a los adolescentes y proporcionarles atención especializada.
Ordenó asimismo al gobernador del departamento hacer efectivo el seguro e iniciar las labores de reconstrucción, reparación y adecuación a que haya lugar en el “Centro Juvenil Amigoniano”, que sufrió daños de consideración tras los disturbios del jueves 20 de marzo. Culminadas las obras se deberá evaluar si la edificación cumple con las condiciones para el alojamiento de los adolescentes.
Por su parte, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) debe presentar un proyecto estructural para concretar el ofrecimiento de cofinanciación por parte de la Gobernación y la Alcaldía, con la finalidad de adquirir un predio ajustado a los lineamientos técnicos para la reclusión de los menores afectados con medidas privativas de la libertad. Los máximos dignatarios también deberán adelantar las gestiones pertinentes para la asignación de los recursos destinados a dicha cofinanciación.
La Procuraduría Regional de Boyacá, en el marco de sus funciones preventivas, continuará con el permanente seguimiento al cumplimiento de las disposiciones.