Fortalecimiento en educación ambiental, articulación de las instituciones y desarrollo efectivo de los planes de ordenamiento territorial, principales conclusiones del informe sobre cambio climático de la Procuraduría
• Este trabajo investigativo presentado en Montería (Córdoba), insta al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible a trabajar con los municipios para explorar oportunidades de proyectos a través de instrumentos como el Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL).
Finalizada la presentación de los informes preventivos “Adaptación de los Municipios de Colombia al Cambio Climático” y “Educación Ambiental”, realizada el día de ayer en la ciudad de Montería (Córdoba) por parte de la Procuraduría General de la Nación, las investigaciones concluyen que la administración pública debe prepararse y capacitarse financiera, técnica y científicamente para afrontar con rigurosidad y responsabilidad la adaptación del cambio climático.
“Es necesario delimitar el fenómeno del cambio climático para no descartar y desconocer que otros hechos de menoscabo ambiental pueden ser atribuidos a otras circunstancias más inmediatas y concretas”, señala en uno de sus apartes el documento investigativo elaborado en su totalidad por la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios.
Para el órgano de control es claro que este empoderamiento debe cobijar o extenderse de manera imperativa a los entes territoriales.
Es así como también indica el informe que los municipios cuya economía depende en gran parte de los recursos naturales, y en los que las condiciones socioeconómicas causan una importarte presión sobre los ecosistemas, tienen una necesidad mucho mayor de diseñar e implementar medidas de adaptación culturalmente apropiadas.
En ese mismo sentido, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático de Colombia, expedido el año 2012, evidenció que la población menos favorecida económicamente se ve mucho más afectada por la ocurrencia de desastres, pues tiene menor capacidad de reacción y de ahorro, además no está amparada ante esos riesgos y la pérdida de sus activos la puede llevar a una situación de pobreza extrema.
Adicionalmente se precisa que el cambio climático ha sido identificado como una amenaza para el cumplimiento de objetivos del Estado como la erradicación de la pobreza extrema, el hambre y las relacionadas con la salud.
Los informes concluyen que el país tiene la obligación de asegurar que en los planes de desarrollo municipal se logre incorporar los beneficios asociados al mejoramiento de algunos de los servicios ecosistémicos por efecto del cambio climático.
Para la Procuraduría, aunque está claro que los proyectos de mitigación no dependen de los municipios, su desconocimiento respecto del proceso de acreditación de los proyectos MDL ante Naciones Unidas en su jurisdicción, podría significar que aún no hace parte de las prioridades de gestión a nivel local, como tampoco de oportunidad de financiación para la misma administración municipal.
En materia de ordenamiento territorial, el diagnóstico es poco alentador y constituye un llamado de atención. El 63% de los municipios, es decir 589, acepta no haber actualizado el instrumento de ordenamiento territorial y el 82%, esto es 767, reconoce que tienen población asentada en zonas de riesgo.
Preocupa a la Procuraduría General de la Nación el bajo presupuesto asignado para 2016 al objetivo de un crecimiento resiliente y de reducción de la vulnerabilidad frente a los riesgos de desastre y al cambio climático (0.73%), frente al decidido para otras líneas como son educación (19.4%), defensa (13.32%), infraestructura (8.92%), salud (8.22%) y tecnología informática y de comunicaciones (3.16%).
En materia de minería, la encuesta indica que un 61% de los municipios reconoce tener ese tipo de actividad en su perímetro, de los cuales en aproximadamente 211 municipios, más del 25%, es minería ilegal. Adicionalmente preocupa que 122 municipios reportaron que más del 75% de la minería que se realiza en sus jurisdicciones es ilegal.
El acceso a agua potable y saneamiento hace parte de las necesidades básicas de la población. La adaptación al cambio climático demanda que la infraestructura y servicios de agua potable y saneamiento ajusten su capacidad y sus operaciones a nuevas y cambiantes condiciones de regímenes hidrológicos.
Desde el punto de vista educativo, tan sólo un 50% de los municipios que respondieron la encuesta, es decir 468, informa que el componente de cambio climático ha sido incorporado en sus PRAE (Proyectos Educativos Ambientales), cifra que llama la atención teniendo en cuenta que este tema es uno de los de mayor relevancia a nivel nacional e internacional pero pareciera que a nivel local no se ha posicionado aún como prioritario.
Con estos dos informes que la Procuraduría General de la Nación le presentó al país, proporciona insumos necesarios para el diseño y la construcción de políticas públicas con enfoque preventivo en el país en materia de adaptación territorial al cambio climático.