Frente a prohibición de actividades mineras y agrícolas en el páramo de Santurbán, procurador exige a Gobierno Nacional pasar de la discusión técnica a las respuestas sociales y políticas públicas concretas
• Con la determinación de la Corte Constitucional, la minería que lleva más de 450 años en esta zona del país desaparecería, afectando de manera sensible la economía de la provincia de Soto Norte, advierten los alcaldes de los municipios afectados.
• “Se trata del drama de 400 años echados por la borda, pues ustedes tienen allí sus cunas y sus tumbas y eso genera arraigos familiares y territoriales”, enfatizó el jefe del órgano de control.
• “La comunidad debe ser protagonista esencial en estos escenarios, se ha consultado con la realidad de las comunidades y la forma como están asumiendo estos problemas”: Alcaldesa de Tona.
• “Necesitamos proyectos a corto, mediano y largo plazo que nos ayude a construir esta sociedad porque también somos Estado”: Alcalde de California.
Con el propósito de analizar los efectos que generará la reiteración de la prohibición de desarrollar actividades mineras y agrícolas en el páramo de Santurbán, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se reunió ayer con representantes de los municipios afectados, de varios de los sectores sociales y económicos, y del Gobierno Nacional.
Esto a propósito de la Sentencia C-035 de 2016 de la Corte Constitucional, que deroga varios artículos del Plan Nacional de Desarrollo y reitera la prohibición de hacer minería en los páramos y hace alusión a la autonomía territorial respecto a las actividades económicas que se cumplen en sus territorios.
La voz de los municipios afectados
Los representantes de los municipios de la provincia de Soto Norte expusieron en este espacio de diálogo sus inquietudes frente a lo que ellos han denominado una problemática social y económica de graves magnitudes en la región.
Los alcaldes de Vetas y Suratá hicieron referencia al aumento exponencial del desempleo en esta zona del país y a la ausencia de alternativas para desarrollar actividades económicas.
Agregaron que con esta decisión de la Corte Constitucional podría abrirse la puerta a una minería ilegal y criminal al no tener títulos mineros.
En ese sentido, pidieron el apoyo de la Procuraduría para que los planes de manejo y las alternativas de desarrollo económico sean una realidad en esos municipios.
Entre tanto, la alcaldesa de Tona resaltó la importancia de la participación y la articulación de los entes competentes. “La comunidad debe ser protagonista esencial en estos escenarios, no se ha consultado la realidad de las comunidades y la forma como están asumiendo estos problemas”.
Hizo un llamado a involucrar de manera decidida a la comunidad y “el Gobierno Nacional tendrá que hacerse presente con una buena planeación (…) debe haber un compromiso absoluto y serio de la institucionalidad”, agregó la mandataria.
A su turno, el alcalde de California planteó los problemas que enfrentan principalmente los pequeños mineros. “Necesitamos proyectos a corto, mediano y largo plazo que nos ayuden a construir esta sociedad porque también somos Estado (…) somos minoría pero también somos colombianos y merecemos respeto”.
Así mismo, propuso que la mesa de trabajo visite la zona y conozca la realidad que enfrentan los pobladores de la provincia de Soto Norte y reiteró la petición de contar con un documento Conpes para esta zona, propuestas que fueron apoyadas por el alcalde de Matanza en su intervención.
La problemática de los pequeños mineros
Representantes de este sector expusieron las características geográficas de la zona y la delimitación del páramo de Santurbán.
Mediante planos e imágenes gráficas explicaron la afectación a la que se ven expuestos los dueños de los títulos ancestrales con la sentencia de la Corte Constitucional y, adicionalmente, cuestionaron la línea de páramo pues los campesinos y pequeños mineros son los realmente perjudicados. Al respecto uno de los representantes afirmó “nos sentimos atropellados con la delimitación del páramo”.
Y, en ese sentido, estos representantes plantearon a la directora del Instituto Alexander Von Humboldt su principal inquietud sobre los criterios de delimitación del páramo.
Sobre la delimitación del páramo de Santurbán
En su intervención la representante del Instituto Alexander Von Humboldt explicó de forma general las circunstancias en las que se hizo la delimitación de páramo de Santurbán.
Expresó su solidaridad con el reclamo hecho por las comunidades y destacó su desacuerdo con la decisión de la Corte Constitucional “que cierra las puertas para trabajar en conjunto en un proceso de transición que acude a la recuperación y restauración de los páramos”.
El pronunciamiento del Gobierno Nacional
La intervención del viceministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible se centró en el proceso participativo que se adelantó en la zona, lo que involucra la presencia del Gobierno en varios municipios de la zona, el estudio desde lo ambiental, lo económico y lo social efectuado, y el ejercicio cartográfico y de análisis de todas las variables que intervienen en este proceso de delimitación del páramo.
Así mismo destacó el proceso de socialización de la decisión y el acompañamiento hecho en la región y en los demás complejos de páramos.
Desde el Ministerio de Minas se hizo hincapié en las dificultades que en su momento tuvo la delimitación del páramo de Santurbán y el trabajo de formalización minera que se adelantado, entre otras actividades, mediante juntas que han permitido hacer seguimiento a todas las acciones emprendidas.
Temas de discusión
En desarrollo de la mesa de trabajo los representantes de los municipios y de los pequeños mineros plantearon sus inquietudes a los representantes del ejecutivo y a la directora del Instituto Alexander Von Humboldt y reclamaron una respuesta social y económica para la provincia de Soto Norte.
La discusión se centró en la forma técnica como se delimitó el páramo de Santurbán y en la exigencia de la comunidad de verificar dicha delimitación para evidenciar si existió un error en dicho proceso, pues esta situación se constituye en el factor generador de los problemas sociales y económicos advertidos por los pobladores.
En la búsqueda de soluciones
El jefe del Ministerio Público concluyó este ejercicio de diálogo señalando que para la Procuraduría este escenario se constituye en un deber de este órgano de control, dadas sus funciones de garante de Derechos Humanos.
Inicialmente resaltó el acompañamiento de la Procuraduría a los alcaldes de los seis municipios de la provincia de Soto Norte en una demanda de acción popular que está por presentarse, pues hay una serie de derechos que resultan afectados como consecuencia de la decisión de la Corte Constitucional.
Con esta situación se corre el riesgo de que estos territorios se pierdan para la institucionalidad, pues si no se enfrentan los temas sociales planteados por la comunidad podría generarse “una violencia institucional sin respuesta de la institucionalidad para contrarrestarla”, agregó el procurador.
Así mismo, advirtió sobre la necesidad urgente de articular el Estado para que dé respuestas prontas, pues esta situación va implicar desempleo y fenómenos como la minería ilegal, entre otros, que afectan a esta población.
Para el jefe del órgano de control son necesarias políticas públicas que enfrenten los dramas humanos se van a generar un caldo de cultivo que afecta la sostenibilidad social de los moradores de esta zona del país.
“Se trata del drama de 400 años echados por la borda pues ustedes tienen allí sus cunas y sus tumbas y eso genera arraigos familiares y territoriales”, enfatizó.
Señaló que se debe pasar de la discusión técnica a las respuestas sociales y políticas públicas concretas y, dado que la Procuraduría no tiene competencias frente a estos temas, le corresponde al Gobierno Nacional lograr escenarios de articulación donde se propongan soluciones y proyectos que el Estado inevitablemente debe diseñar.
En la mesa de trabajo convocada por el procurador general se hicieron presentes los representantes de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas, Agricultura y Desarrollo Rural, del Interior, y Hacienda y Crédito Público, de la Gobernación de Santander, de los municipios de Vetas, California, Suratá, Matanza, Charta y Tona, personeros y presidentes de los concejos municipales, diputados de las asambleas departamentales, el director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (Cdmb), la directora del Instituto Alexander Von Humboldt y representantes de los pequeños mineros.
PGN | Fecha Publicación: viernes, 8 abril 2016 07:48 AM