Gobierno Nacional debe poner en marcha el sistema de corresponsabilidad ordenado por la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, advierte la Procuraduría General de la Nación
• El sistema le permitiría a las alcaldías y gobernaciones contar con herramientas de coordinación para facilitar el acceso a recursos adecuados para la atención integral de las víctimas.
La Procuraduría General de la Nación le formula un llamado al Gobierno Nacional para que a la brevedad posible se cree y reglamente el sistema de corresponsabilidad previsto en la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que le permita a las alcaldías y gobernaciones contar con las herramientas de coordinación para el acceso oportuno y suficiente a los recursos que deben destinarse a la atención integral de la población afectada por el conflicto armado.
Desde el pasado 14 de septiembre, en audiencia pública en la Corte Constitucional, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunció que el decreto de creación del sistema se expediría a más tardar en una semana, pero a la fecha este organismo de control no tiene noticia sobre dicho acto administrativo.
La puesta en marcha del sistema de corresponsabilidad resulta de vital importancia, en la medida que la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley 1448 de 2011 (integrada por la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo y tres representantes de víctimas) advirtió en su segundo informe al Congreso de la República que la ley se encuentra desfinanciada y que es urgente articular los esfuerzos del orden nacional y territorial para atender y reparar a las víctimas del conflicto.
Lo anterior, aunado al hecho de que los mandatarios territoriales que tomarán posesión de sus cargos el primero de enero de 2016, deben formular y presupuestar en los planes de desarrollo del próximo cuatrienio las líneas estratégicas del Plan de Acción Territorial para la Atención a las Víctimas (PAT), tarea que debería adelantarse a partir de un escenario claro y concreto de coordinación con las entidades del nivel central responsables en la implementación de la política pública para la atención integral a las víctimas.