Boletín 788

Gracias al acompañamiento de la Procuraduría, fue inaugurado en Cartagena (Bolívar) centro de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado

Fuente: PGN
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Tras un proceso que se inició en el año 2013 e incluyó el seguimiento y acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, a través de su Regional Bolívar, fue inaugurado en la ciudad de Cartagena el centro de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, en evento presidido por el alcalde de esta ciudad, Dionisio Vélez Trujillo; y la directora nacional de la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas (UARIV), Paula Gaviria Betancur.

 
Los funcionarios reconocieron el valioso aporte de la Procuraduría para que este proyecto se hiciera realidad y garantizara condiciones de dignidad, eficacia y eficiencia en lo relativo a la información, atención y reparación a este sector de la sociedad en el departamento de Bolívar.          
 
En su intervención, la procuradora regional encargada, Viviana Isabel Baena Puello, destacó el trabajo articulado que se desarrolló a lo largo de casi dos años y que vinculó a administración municipal y a la Comisión Regional del Ministerio Público para la Justicia Transicional, que es presidida por la Procuraduría. 
 
“La puesta en funcionamiento de este centro de atención es un ejemplo concreto que materializa aquella frase ‘sí se puede’. Sí pudo la Alcaldía Mayor de Cartagena superar los inconvenientes administrativos, presupuestales y de otros órdenes para hacer realidad este proyecto, que satisface una necesidad que era apremiante en la ciudad, por cuanto para el Ministerio Público no era concebible que las víctimas estuvieran siendo atendidas en un espacio que en lugar de contribuir a su reparación, sin temor a equivocarnos, prácticamente se constituía en una modalidad de revictimización que era generada por las condiciones en que eran atendidas”, señaló la funcionaria. 
 
En desarrollo del evento y a propósito de este avance local, la Procuraduría General de la Nación reitera su compromiso constitucional y legal de vigilar el cumplimiento de la ‘Ley de Víctimas y Restitución de Tierras’ en el departamento de Bolívar y en todas las zonas del país, según las directrices impartidas por el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.  
 

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