724 boletín
viernes, 8 septiembre 2017 09:30 AM

Procuraduría abrió indagación preliminar por deforestación en Calamar y Miraflores, Guaviare

 

  • Inicialmente fueron vinculados como presuntos implicados a los gobernadores del  Guaviare y los alcaldes de Calamar y Miraflores vigencia 2016 y enero 2017.

Bogotá, 8 de septiembre de 2017. La Procuraduría General de la Nación ordenó indagación preliminar contra los gobernadores del Guaviare, Nebio de Jesús Echeverry Cadavid, y Julián Alonso López Velandia gobernador (E), y los alcaldes de los municipios de Calamar y Miraflores, Pedro Pablo Novoa y Jhonivar Cumbe, por presuntas irregularidades en la deforestación sobre la vía Calamar, Miraflores.

Para la Procuradora Regional de Guaviare, Clarisa Pedraza Garcés, la indagación busca determinar la existencia de los hechos y si constituyen una infracción ambiental, por cuanto  en visita técnica de inspección ocular  realizada por la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA), se evidenció el aprovechamiento inadecuado de los recursos naturales en una extensa área del municipio de Calamar, de elevada relevancia ecológica.

Entre las conclusiones del informe técnico de la visita a la zona se encuentra que la falta de cobertura boscosa no garantiza la sostenibilidad del recurso hídrico de las microcuencas, y genera desplazamiento de fauna y flora, afectando animales, suelo y micro fauna, además del rompimiento de los corredores biológicos de gran importancia para la región.

De igual manera, esta deforestación genera impacto ambiental negativo y promueve actividades destructivas como la colonización y posterior cambio de suelo, sobre el margen de la vía Calamar - Barranquillita.

La visita de vigilancia y control sobre la vía que conduce de Calamar al municipio de Miraflores, evidenció la construcción de once puentes sobre fuentes hídricas, escombros sobre las mismas impidiendo el normal flujo del cauce y tala de bosque protector, así como la ocupación de la cuenca sin el permiso de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el Oriente Amazónico (CDA).

De igual manera, la Procuradora regional recalcó que “es deber de las personas naturales y jurídicas velar por la preservación y conservación de los recursos naturales y mantener la biodiversidad como riqueza natural para beneficio de todos”.

EGT/jpm | Fecha Publicación: viernes, 8 septiembre 2017 09:30 AM

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