Indemnización no es reparación integral, advierte Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras
• Procuraduría General de la Nación preside esta Comisión de Seguimiento y Monitoreo, que entregó el informe anual al Congreso de la República.
• Aunque la indemnización administrativa corresponde a una de las más relevantes, es solo una de las cinco medidas de reparación integral que consagra la Ley.
En el informe de la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, presidida por la Procuraduría General de la Nación y de la que hacen parte la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y tres representantes de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, se advierte que el avance en la indemnización a las víctimas tiene rezagos considerables si se consideran los cuatro años de vigencia de la Ley 1448 de 2011 y el universo de víctimas a atender.
La indemnización es una de las cinco medidas previstas para la reparación integral (además de la restitución, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición) y corresponde a una de las más relevantes para las víctimas por cuanto les permite acceder a recursos económicos para avanzar en sus proyectos de vida. Lo es asimismo para el Estado debido a los significativos recursos invertidos.
Preocupa a la Comisión de Seguimiento el alcance que la Unidad para la Atención y la Reparación Integral a las Víctimas le ha dado a la medida de indemnización: En el artículo titulado “Cuatro años con las víctimas del conflicto armado” (publicado en la página oficial el 10 de junio de 2015), la entidad indica que “506.100 víctimas han recibido su indemnización por vía administrativa, lo que les ha permitido recuperar o transformar su proyecto de vida”. En este sentido, es necesario precisar que la transformación real de la situación de las víctimas requiere de la complementariedad entre las demás medidas de reparación integral dispuestas por la ley.
Señala el informe de la comisión que la indemnización por sí misma no genera estabilidad ni es capaz de reparar, restaurar o construir proyectos de vida, y que dada la limitada implementación de otras medidas como la restitución de vivienda, la rehabilitación psicosocial o las alternativas de satisfacción, el potencial transformador de la indemnización administrativa se ve limitado y no es aprovechado en su máximo potencial, e incluso muchas veces se pierde su propósito.
Avances de la indemnización en los territorios
A partir de la caracterización municipal, la comisión construyó un reporte departamental sobre el número de indemnizaciones pagadas por cada uno de ellos. Se advierte en el informe que el 42,1% de las indemnizaciones pagadas al primero de febrero de 2015 se concentraron en tres departamentos: Antioquia, que tiene el mayor número de indemnizaciones pagadas con un total de 136.127, seguido por el Valle del Cauca con 28.361 y Cesar con 21.678. Los departamentos con menor número de indemnizaciones son Guainía, Vaupés y Amazonas, con 19, 56, y 94 respectivamente. Cabe aclarar que se incluyó al Distrito Capital en la medición de manera independiente al departamento de Cundinamarca.
Al cruzar el número de indemnizaciones pagadas en el departamento contra el numero de victimas ubicadas o residentes en el mismo, se evidencia que los departamentos con mayor avance son San Andrés con el 13,7 % y Casanare con el 12,1% de victimas indemnizadas y, por otro lado, los de mayor rezago son los de Guainía y Vaupés, los cuales sólo han avanzado el 0,2% y 1,2% respectivamente.
Así, la Comisión de Seguimiento concluye que la medida de indemnización no presenta avances significativos en el territorio. Si bien es cierto que es una de las medidas en la que se están concentrando los mayores esfuerzos presupuestales y operacionales, en promedio se ha avanzado en el 7,4% de la implementación de esta medida después de cuatro años de vigencia de la ley y a seis de que se cumpla el plazo de su implementación.
Además, según las metas del Plan de Desarrollo: “Juntos por un Nuevo País”, para el año 2018 se habrá avanzado en la reparación de aproximadamente 1.000.000 de personas víctimas del conflicto armado, dejando en claro que el llamado “avance” en la reparación se presenta cuando la víctima alcanza tan sólo dos de las cinco medidas, de manera que se trata de una reparación parcial y no integral.