Juzgado Administrativo de Popayán, Cauca, falla acción popular presentada por la Procuraduría a favor de los derechos colectivos de la comunidad de Guapí en el mismo departamento
El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Popayán, Cauca, acogiendo la solicitud que presentó la Procuraduría General de la Nación, mediante acción popular en contra del municipio de Guapi, del mismo departamento, lo declaró responsable de la vulneración de los derechos colectivos a tener un ambiente sano, salud pública y goce del espacio público, por el inadecuado manejo y disposición de los residuos sólidos de esa localidad.
Dicho juzgado, que también vinculó en el proceso al departamento del Cauca y a la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), ordenó al municipio que en el término de dos meses debe realizar las labores necesarias para la recuperación de los sitios en los cuales haya ejecutado la disposición de residuos sin el cumplimiento de la normatividad.
En la acción iniciada por el Ministerio Público por la delicada situación ambiental, por la omisión en la adopción de medidas para el adecuado manejo y disposición de los residuos sólidos de Guapí, el ente de control señaló que al depositar estos de manera indiscriminada en las calles de sectores residenciales, como los barrios el Pueblito, San Martin, 20 de Julio, el Olímpico y Santa Mónica, se exponía la salud pública al posible aumentando de patologías como leptospirosis, dermatitis, eta e Ira, con riesgo alto de mortalidad.
De igual forma, en la sentencia del pasado 4 de junio de dicho juzgado, se ordenó que de manera inmediata y como medida transitoria, se organice un sistema de disposición final de residuos sólidos que no vulnere los derechos colectivos protegidos, informando e instruyendo a la comunidad sobre las medidas tomadas.
De esta manera, el alcalde deberá suspender en el término de la distancia la inadecuada disposición de los residuos sólidos en las calles del municipio y en cualquier otro lugar no apto para ello.
Finalmente el juez le solicitó a la Fiscalía que investigue a los dos últimos alcaldes por la presunta comisión de delitos que se puedan haber configurado en materia ambiental.