Juzgados administrativos de Barranquilla admiten acciones populares en materia ambiental interpuestas por la Procuraduría General de la Nación
• Acciones populares fueron interpuestas contra Distrito de Barranquilla y municipios de Malambo y Soledad (Atlántico).
La vulneración de derechos e intereses colectivos relacionados con el medio ambiente, la salubridad pública y la prevención de desastres, fueron denunciados por la Procuraduría General de la Nación a través de la Judicial Ambiental y Agraria del Atlántico, en tres acciones populares interpuestas contra el Distrito de Barranquilla y los municipios de Malambo y Soledad (Atlántico)
Los juzgados Quinto, Décimo y Segundo administrativos de Barranquilla admitieron las respectivas acciones populares que el Ministerio Público interpuso para exigir la protección de los derechos al goce de un ambiente sano, la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución; a la seguridad y salubridad pública, al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna, y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente, para los habitantes de Barranquilla, Malambo y Soledad.
La Procuraduría argumentó, en el caso del Distrito de Barranquilla, que los basureros satélites ilegales a cielo abierto en las áreas públicas de la ciudad, afectan la salud de los habitantes, especialmente de la población infantil, por la permanente contaminación al aire y los suelos. El Ministerio Público considera que es urgente tomar decisiones de fondo a fin de erradicar este problema de manera definitiva.
Respecto a los municipios de Malambo y Soledad, la Procuraduría señaló que los basureros ilegales a cielo abierto en lotes y predios aledaños al aeropuerto Ernesto Cortissoz representan, además de un problema ambiental, un riesgo inminente para las operaciones áreas por la proliferación de aves de carroña en la zona, con el consecuente riesgo para la vida de los tripulantes y los pasajeros de las aeronaves.
Dentro de las pretensiones de las acciones populares, se solicitó ordenar a los respectivos alcaldes, en un término perentorio de 15 días, clausurar totalmente los botaderos de basura a cielo abierto que existen en su jurisdicción, y adoptar las medidas tendientes a solucionar de manera definitiva la problemática ambiental de sus municipios.