La Procuraduría General de la Nación le solicita al Gobierno Nacional la elaboración del plan de protección y prevención para quienes participan en el proceso de restitución de tierras
• Las tierras objeto de la restitución, fueron despojadas a mediados de los años noventa por grupos paramilitares y posteriormente fueron ocupadas por empresas dedicadas a cultivos de palma, banano y a la ganadería.
La Procuraduría General de la Nación condena el asesinato del señor Manuel Ruiz Torregrosa y su hijo Samir Ruiz, líderes de las comunidades negras de Apartadorcito, en la cuenca del rio Curvaradó, Choco, y miembros del Comité de Censo que actualmente determina quiénes han sido las personas que históricamente conforman la población afrodescendiente de esta región.
Sobre este particular, el ente de control en repetidas ocasiones le ha solicitado al Gobierno Nacional la elaboración del “Plan de Protección y Prevención”, en cumplimiento a lo ordenado en los autos del 18 de mayo de 2010 y A–045 del 7 de marzo del presente año proferidos por la Corte Constitucional, los cuales buscan la protección individual y colectiva, además de urgente y necesaria, para los habitantes de Curvaradó y Jiguamiandó en el departamento del Chocó, y especialmente para los líderes que participan en el proceso de restitución de los territorios colectivos ordenadas judicialmente.
En el mismo sentido, la Procuraduría exhorta a las distintas instituciones del Gobierno que les atañe el tema, para que presenten y pongan en marcha el plan provisional urgente de prevención del desplazamiento y protección individual y colectiva para estas dos comunidades y que atiendan de manera inmediata e integral las necesidades más apremiantes de seguridad, conforme lo ordenó la Corte Constitucional.
La Procuraduría continuará con su labor de acompañamiento al censo de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, en el marco del cumplimiento de la función preventiva en materia de Derechos Humanos de los grupos étnicos y evaluará las medidas adoptadas en el plan de protección urgente ordenado por la Corte Constitucional, buscando que se garanticen la seguridad para la asamblea de consejo comunitario y la sostenibilidad del proceso de restitución material de los territorios colectivos a las comunidades negras mencionadas.