La Procuraduría General de la Nación realizó recomendaciones a la Alcaldía de Cartagena (Bolívar) para garantizar la prestación del servicio de aseo tras la terminación de las Áreas de Servicio Exclusivo (ASE)
• El término en que vencen los contratos de concesión de Áreas de Servicio Exclusivo es el próximo 30 de junio y un día después comenzará a regir la libre competencia.
Teniendo en cuenta que están próximos a terminan los contratos de concesión de áreas de servicio exclusivo y comienza a regir la libre competencia en la ciudad de Cartagena (Bolívar), la Procuraduría General de la Nación realizó recomendaciones y sugerencias a la administración distrital con el fin de evitar traumatismos y garantizar la debida prestación del servicio público domiciliario de aseo en la ciudad turística.
Además de recordar el régimen constitucional y legal de los servicios públicos domiciliarios y las obligaciones del Distrito tendientes a garantizar su prestación, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría Delegada para la Vigilancia de la Función Pública, hizo énfasis en la importancia de brindar información a los cartageneros, divulgando sus derechos y obligaciones como usuarios del servicio de aseo.
Así mismo se recalcó la necesidad de actualizar el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, incorporando el programa de aprovechamiento, en el que se priorice la inclusión de la población recicladora, garantizando su acceso al material aprovechable mediante incentivos de separación en la fuente, e implementando el comparendo ambiental.
De igual forma, con el fin de lograr una coordinación interinstitucional que permita mitigar los riesgos propios de la transición de esquemas de prestación, se recomendó al Distrito solicitar el apoyo de las entidades del orden nacional encargadas del sector de agua potable y saneamiento básico.
Finalmente, la Procuraduría General de la Nación precisó que es parte de su misión constitucional prevenir, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique el aval, coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales.