La Procuraduría no ha tolerado, tolera ni tolerará la corrupción en ninguna entidad del Estado y menos al interior del Ministerio Público
La Procuraduría General de la Nación informa a la opinión pública su completa disposición de colaborar de manera armónica con todas las entidades judiciales, administrativas y fiscales en el objetivo de su lucha contra la corrupción y esclarecimiento de los hechos que involucren a los funcionarios públicos. La Procuraduría no ha tolerado, tolera ni tolerará la corrupción en ninguna Entidad del Estado y menos al interior del Ministerio Público.
En este sentido prestará todo su apoyo para esclarecer los hechos en los que, según las informaciones de la Fiscalía, está involucrado el doctor Ulpiano Hernán Jovel Muñoz, procurador judicial I Administrativo, por supuestos actos de corrupción relacionados con el proceso que adelanta la Fiscalía contra el exgobernador de Cundinamarca Álvaro Cruz por presuntas irregularidades en procesos de contratación pública en Bogotá.
La Procuraduría General de la Nación, de acuerdo a las facultades que le confiere el Decreto 262 de 2000, procederá a suspender del cargo al referido funcionario una vez sea dictada la medida de aseguramiento, si así se determina.
De igual forma, el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, ordenó a la Veeduría de la Entidad iniciar de manera inmediata las investigaciones disciplinarias correspondientes de acuerdo a la ley.
Así mismo, el procurador Ordóñez Maldonado pidió que se aplique todo el peso de la ley si se encuentra probada la responsabilidad de este o cualquier otro funcionario de la Entidad involucrado en hechos de corrupción, siempre garantizándoles el derecho a la defensa y el debido proceso.
Finalmente, el jefe del Ministerio Público hace un llamado a todos los funcionarios de la Entidad para que obren siempre de acuerdo a la ley y a la Constitución porque no aceptará ningún viso de corrupción dentro de este órgano de control. Si es inadmisible la corrupción en cualquier entidad pública, con mayor razón en la Procuraduría por sus funciones constitucionales y su misión de defensa de la moral pública.