La mitad de las más de seis millones de víctimas del conflicto en Colombia han sido niños, niñas, adolescentes y jóvenes, revela informe presentado hoy por la Procuraduría General de la Nación
• Ministerio Público señaló que la paz debe ser entendida como expresión del orden que reconoce y garantiza la efectividad de los derechos fundamentales.
• El informe consulta fuentes como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
De las 6’231.617 víctimas del conflicto armado registradas entre 1985 y 2013, el 49,6% corresponde a personas que tenían entre 0 y 26 años de edad en el momento de su victimización. Estas cifras hacen parte del “Informe de vigilancia preventiva a la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado en 139 municipios de Colombia”, presentado hoy por la Procuraduría General de la Nación durante el II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas por la Infancia, la Adolescencia y la Juventud que se lleva a cabo en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca).
El informe, que consulta fuentes como la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), fue elaborado con el propósito de evidenciar la situación de derechos de los menores de edad en los municipios priorizados por la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado, y generar conciencia sobre el imperativo de la paz.
Entre los aspectos evidenciados por la Procuraduría en esta labor de vigilancia superior (con el análisis de documentos de política pública e informes de carácter nacional, así como de informes de organismos internacionales) se señalaron: la exclusión de “la cuestión de los niños y el conflicto armado” en las negociaciones de La Habana; las dificultades para acceder a la justicia; el reclutamiento y el uso generalizado y sistemático de niños; la dificultad para conocer el alcance y la magnitud de la problemática; la denuncia de muy pocos casos de reclutamiento y utilización de menores de edad en el conflicto; los actos de violencia sexual contra niños y niñas; el ataque y la amenaza contra los maestros y los alumnos, y la existencia de minas terrestres y artefactos explosivos sin detonar.
En la presentación del informe se hizo referencia a la Directiva 003 expedida por el procurador general de la Nación el 27 de marzo de 2012 y que (considerando que los menores de 18 años que participen directamente en las hostilidades, o en las acciones armadas, o en los delitos cometidos por grupos al margen de la ley, y aquellos desvinculados de grupos al margen de la ley, deben ser considerados víctimas), establece el deber de implementar el CONPES 3673 de 2010 (política de prevención del reclutamiento y la utilización de menores de edad por parte de los grupos ilegales); adoptar líneas de acción y rutas de prevención temprana; capacitar y formar a los servidores públicos en esta temática; asegurar la disponibilidad de recursos; investigar y juzgar a los responsables del reclutamiento y utilización de los niños, y realizar seguimiento a la implementación de las políticas públicas y de las competencias territoriales.
La procuradora delegada recordó además las recomendaciones formuladas por el procurador general al presidente de la República el pasado 2 de agosto, cuando el jefe del Ministerio Público señaló, entre otros aspectos, que el proceso de paz debe adelantarse en un escenario de protección de los derechos fundamentales de las víctimas garantizando máximos de verdad, medios de reparación integral y mínimos de justicia para no dar cabida a la impunidad, y que los derechos de las víctimas son los límites de la actuación del Estado en los procesos de paz.
Entre las recomendaciones formuladas está la de incorporar en el Acuerdo General de La Habana la problemática de los niños víctimas en el conflicto armado interno; evaluar el impacto de las medidas acogidas por la Comisión Intersectorial; articular las políticas públicas para asegurar su impacto en la prevención y la protección de los derechos fundamentales; garantizar la no repetición de graves violaciones a los derechos humanos de los niños en el contexto del conflicto armado interno, y asegurar la investigación integral y la sanción de los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario contra menores de edad.
Algunas evidencias del informe
La Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento Forzado priorizó en el 2014 a 108 municipios de 22 departamentos por su situación especialmente crítica, no solo en referencia al reclutamiento de menores de edad, sino a las condiciones de violencia e inequidad que afectan los derechos fundamentales de esa población. El informe de la Procuraduría incluye a estos 108 municipios y a los demás priorizados anteriormente por la Comisión.
Entre los 139 municipios analizados está la capital del país y las ciudades de Barranquilla, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Medellín, Neiva, Pereira, Popayán, Riohacha, San José del Guaviare, Valledupar y Villavicencio.
Con un enfoque de derechos y diferencial, el informe de vigilancia superior evaluó 38 indicadores relacionados con la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud. El Ministerio Público encontró como “críticas”, entre otras, las de acceso a los servicios de salud, atención prenatal, lactancia materna, gratuidad en la educación, salud visual, formación para el trabajo orientado a adolescentes y jóvenes, conflicto con la ley penal, violencia sexual, explotación sexual, desplazamiento y consumo de sustancias psicoactivas.
Según el análisis a los planes de protección integral de niños, niñas y adolescentes para la prevención del reclutamiento, se encontraron fortalezas como la existencia de diagnósticos sobre factores de riesgos y factores protectores, la presencia de entidades del orden nacional en su construcción, la voluntad política de los territorios en su implementación, la identificación de una oferta de servicios y la definición de responsabilidades para su implementación.
Sin embargo, el Ministerio Público evidenció debilidades relacionadas con la precisión de la situación de derechos de los niños, niñas y adolescentes en el diagnóstico; la diversidad de enfoques (siendo el de menor presencia el enfoque de derechos y diferencial); la oferta de servicios generalizada (no es precisa en relación al factor de riesgo específico); la ausencia de estrategias o mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación, así como de fortalecimiento de capacidades en los territorios, y la cobertura en relación con la priorización municipal.
El informe concluye que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes víctimas del conflicto armado deben ser prioridad en la garantía y en el restablecimiento de derechos hoy, en un posible acuerdo, en el postacuerdo, y en el postconflicto, para lo cual se requiere el fortalecimiento de la gestión pública territorial, con una efectiva y eficaz articulación Nación – territorio, y que no es suficiente una priorización de municipios si no va acompañada de una priorización de inversión social.
Como presupuestos para la protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, el informe cita: la verdad, el castigo a los victimarios, la reconciliación, el empoderamiento de las víctimas y el retorno seguro a sus territorios, y señala que el mejor indicador de que Colombia está en el camino correcto hacia la consolidación de la paz, es contar con un territorio donde los niños, niñas y adolescentes tengan un entorno protector que les permita ejercer su condición de sujetos de derechos.