Mandatarios locales construyeron agenda para la garantía prioritaria de derechos fundamentales de infantes, adolescentes y jóvenes y para el restablecimiento de derechos de los que han sido víctimas del conflicto
• Procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia precisó que desde este organismo de control se avanzará en el compromiso de servirle al país a través de la garantía de los derechos fundamentales.
Con la definición de las acciones prioritarias para la garantía de los derechos fundamentales de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y para el restablecimiento de derechos de los que han sido víctimas del conflicto, concluyó el II Encuentro de Alcaldes y Alcaldesas que se llevó a cabo en la ciudad de Palmira (Valle del Cauca), en el marco de la estrategia “Hechos y Derechos”.
“No se sientan solos, siéntanse acompañados por los integrantes de Hechos y Derechos, y por los niños y niñas a quienes va dirigida toda nuestra acción” les dijo la procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, a los mandatarios locales reunidos en este evento: “Vayan ustedes con el convencimiento de que la Procuraduría, desde el ejercicio de su función preventiva, quiere colaborar (…) tenemos retos y desafíos que tenemos que lograr”, señaló la funcionaria.
Acciones estratégicas priorizadas
A partir de los tres paneles de experiencias y las sesiones de diálogo, deliberación y construcción de consensos, se priorizaron nueve acciones estratégicas (por considerarlas más factibles y de mayor impacto), en tres grupos temáticos:
1. Para la garantía del acceso a una canasta mínima básica de bienes y servicios sociales, que generen desarrollo para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes y prevengan la violencia en su contra:
• Aumentar la asignación de recursos, la eficiencia y transparencia en su ejecución.
• Mejorar la oferta de servicios sociales para la infancia, la adolescencia y la juventud en cultura, recreación y tiempo libre.
• Fortalecer a las familias, las entidades educativas y las comunidades como entornos protectores.
2. Para lograr la desvinculación, reintegración social y protección integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han sido víctimas de reclutamiento, utilización y explotación sexual en el conflicto armado:
• Fortalecer los programas de generación de empleo y mejoramiento de economías familiares, formación para el trabajo, agua potable, salud y educación, con perspectiva diferencial.
• Asignar de manera exclusiva, recurrente y pertinente, recursos destinados a garantizar los derechos de esta población.
• Descentralizar y aumentar la autonomía en la toma de decisiones, teniendo en cuenta las particularidades de cada territorio.
3. Para para lograr la reconciliación y la construcción de nuevas ciudadanías para la paz en las familias, los centros de desarrollo infantil, las escuelas y las comunidades:
• Fortalecer el tejido social desarrollando programas de sensibilización, concientización y capacitación de la sociedad civil y la comunidad.
• Fortalecer la escuela y otros escenarios educativos no formales como espacios de formación de cultura política, paz, verdad y convivencia democrática.
• Generar espacios de diálogo entre diferentes actores con la participación activa de niños, niñas, adolescentes y jóvenes para mejorar la toma de decisiones y reconstruir la confianza.
La agenda construida en el evento contiene una lista de 100 acciones posibles, analizadas y clasificadas para facilitar su comprensión, manejo e implementación.
En el acto de clausura, la procuradora delegada agradeció el esfuerzo de los alcaldes y alcaldesas que participaron activamente de todas las jornadas, muchos de ellos provenientes de zonas apartadas del país. Reconoció asimismo el aporte de la Alcaldía de Palmira, de Unicef y de las demás instituciones que conforman la estrategia “Hechos y Derechos” para la exitosa realización del evento.
Anunció que la Procuraduría hará seguimiento a la implementación de la agenda y que en las próximas semanas se socializarán los indicadores con base en los cuales se adelantará el proceso de rendición pública de cuentas sobre la garantía de los derechos de la infancia, la adolescencia y la juventud en las entidades territoriales: “Hay un Estado que reconoce el principio de la dignidad humana. Se ha escuchado la voz de los alcaldes y alcaldesas; esperamos que cada uno regrese enriquecido por esta experiencia y les permita avanzar en sus respectivos municipios”, concluyó.