Manejo posdecomiso de fauna y flora silvestre evidencia debilidades en varias regiones del país, advierte Procuraduría General de la Nación
• Ministerio Público evaluó cumplimiento de la Estrategia Nacional “Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres” por parte de las autoridades ambientales.
“La totalidad de autoridades ambientales está incumpliendo de una u otra forma las exigencias establecidas en la reglamentación sobre las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática”: Esta es una de las conclusiones del informe realizado por la Procuraduría General de la Nación sobre el cumplimiento de la Estrategia Nacional 2002 “Prevención y Control del Tráfico Ilegal de Especies Silvestres”.
La Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios analizó los informes remitidos por 32 de las 39 autoridades ambientales consultadas sobre el manejo posdecomiso de fauna y flora silvestre, así como la información recaudada en las 16 visitas efectuadas por este órgano de control a los centros de fauna y tenedores.
Conclusiones y requerimientos del Ministerio Público
Entre las conclusiones expresadas en el citado informe, se señala que algunas autoridades ambientales, además de no haber realizado inventarios de fauna y flora silvestre en su jurisdicción, tampoco han realizado estudios de revisión de las especies en grado de amenaza listadas en los libros rojos; por lo tanto no se han elaborado trabajos para el manejo o conservación de las especies de fauna y flora amenazadas o en peligro de estarlo.
Las especies de fauna amenazadas son 360 contra un número ínfimo de especies estudiadas, manejadas, protegidas y conservadas. Lo mismo ocurre con las especies de flora, que de las 670 amenazadas, solo 46 han sido propuestas para su manejo y conservación.
Los Centros de Atención y Valoración (CAV) de siete corporaciones autónomas regionales se encuentran en áreas protegidas, propensas a inundación, deslizamiento o cercanos a explotaciones agropecuarias, avícolas o porcícolas; considerándose necesaria su reubicación por los factores de riesgo sanitario y zoonótico que esto implica.
De otra parte, y como resultado de las visitas realizadas a 16 autoridades ambientales, se evidenció que muy pocas manejan “registro de tenedores” y la mayoría de ellos son los mismos infractores. Se constató además que los animales entregados no fueron marcados e inventariados por parte de las corporaciones y que no se hace seguimiento a los tenedores o custodios, ni se les formulan recomendaciones técnicas.
A través de este informe el procurador delegado requirió a los respectivos procuradores judiciales ambientales y agrarios para que, entre otras, se adelanten las acciones pertinentes para que las autoridades ambientales den estricto cumplimiento a las exigencias de la Resolución 2064 de 2010 del Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial, (hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible), por medio de la cual se reglamenta las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especímenes de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática.
Asimismo solicitó que en cada una de las autoridades ambientales que reportaron haber restituido fauna silvestre, se verifique el valor de todos los costos incurridos desde el momento de la aprehensión hasta su disposición final.
Señala el informe que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible se ha esforzado en sacar adelante la reglamentación sobre las medidas posteriores a la aprehensión preventiva, restitución o decomiso de especies silvestres de fauna y flora terrestre y acuática con el fin de frenar el tráfico ilegal, y que esta cartera ha trabajado en la aplicación de normas sobre procedimiento sancionatorio ambiental, construcción de sistemas para registros ambientales y de fauna silvestre, herramientas, instrumentos y criterios unificados para la identificación de especímenes decomisados de fauna, entre otros aspectos. Sin embargo la Procuraduría requirió a este Ministerio para que reajuste los requerimientos mínimos para los CAV y hogares de paso, así como los formatos de registro que contengan la codificación del Código Único Nacional de Ingreso y el acta única para el control al tráfico ilegal de flora y fauna.
El informe fue remitido al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a todas las corporaciones autónomas regionales y a las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos y distritales, para que se tomen las medidas correspondientes, sin perjuicio de las acciones disciplinarias a que haya lugar.