Más de 592.000 actuaciones precedieron la intervención judicial de los agentes del Ministerio Público ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
BALANCE 2009-2016
En aras de garantizar los principios de la función administrativa, la Procuraduría General de la Nación realizó a través de sus agentes especiales y ordinarios una intervención judicial activa en defensa de los derechos ciudadanos y del Estado ante la jurisdicción contencioso administrativa.
El balance es positivo pues la intervención judicial en asuntos contenciosos administrativos durante los últimos ocho años representó un ahorro para el Estado superior a los 57 mil millones de pesos.
Durante este mismo periodo se emitieron 252.637 conceptos ante las instancias correspondientes; se intervino en 63.512 audiencias y se dio respuesta a más de 2 mil derechos de petición.
Así mismo, el ente de control se concentró en el fortalecimiento de la acción de repetición y llamamiento en garantía con fines de repetición. En consecuencia, durante el periodo comprendido entre el 2009 y el 2015 se presentaron 17 acciones de repetición y 41 peticiones de llamamiento en garantía.
En el ejercicio de esta función la Procuraduría intervino en la pérdida de investidura de servidores como Juan Manuel Galán Pachón, Alirio Villamizar Afanador, Roy Barreras, Viviane Morales, los miembros de la Comisión Conciliadora del Proyecto de la Reforma a la Justicia, principalmente.
De igual forma, intervino en los procesos de nulidad adelantados por las elecciones de Sandra Morelli y Edgardo Maya como contralores generales de la República; Eduardo Montealegre Lynett como fiscal general de la Nación; Germán Vargas Lleras como vicepresidente de la República; Oneida Pinto, como gobernadora de La Guajira y Juan Carlos Galindo como registrador nacional del Estado Civil, entre otros procesos.
La acción del Ministerio Público también contempló la intervención en diferentes acciones populares como la presentada ante la actividad de prospección, exploración y explotación de hidrocarburos en aguas jurisdiccionales de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.