Mediante fallo de primera instancia, destituida exalcaldesa de Turbo (Antioquia) por el denominado caso de "alumnos fantasmas"

•El Ministerio Público estableció que en el municipio de Turbo existe disponibilidad de infraestructura física y de educadores suficientes para garantizar la atención de los cupos de alumnos demandados.

•La Procuraduría General de la Nación ha realizado seguimiento a esta problemática, según la información publicada en los boletines de prensa 382 y 401 de abril de 2012.

En audiencia pública, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 12 años a la señora Sandra María Puerta Mesa, en su condición de alcaldesa del municipio de Turbo (Antioquia), por las irregularidades en el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) asignados a ese municipio para financiar la gratuidad de la educación en la vigencia 2011.

El Ministerio Público estableció que la disciplinada suscribió en el año 2011 tres contratos diferentes por un total $2.416.053.300 para la escolarización de 2975 estudiantes de prescolar, básica primaria, básica secundaria y media, desatendiendo un estudio elaborado por un profesional de cobertura educativa de la Secretaría de Educación de Turbo, según el cual los establecimientos educativos del municipio de Turbo para la vigencia de 2011 tenían la capacidad para atender a los estudiantes que demandaba el ente territorial.  

La Procuraduría manifestó que en este caso en particular “se suscribieron tres contratos de prestación de servicio educativo, sin que se cumplieran los requisitos establecido en la Ley como lo era que la entidad territorial no tuviera infraestructura que le permitiera brindar el servicio de educación a la población estudiantil que demandaban el municipio de Turbo para el año2011”.

De otra parte, se encontró responsable a la señora Sandra María Puerta de permitir que se reportara al Sistema de Matriculas de la Educación Básica y Media (SIMAT) 52.963 estudiantes que serían atendidos en la vigencia  2011 con recursos del SGP, sobrestimando dicha cifra en 10.595 alumnos, cuando el número de alumnos efectivamente atendidos era menor, ya que según el informe de auditoria fue de 42.257.  

Como consecuencia de esta situación el Gobierno Nacional incurrió en un error y giró recursos para financiar y garantizar la educación gratuita de más de 10 mil alumnos que se podrían calificar como inexistentes o “fantasmas”.

Contra esta determinación disciplinaria de primera instancia procede el recurso de apelación.