Mediante procedimiento verbal Procuraduría investiga a supervisor e interventor de contrato suscrito entre el departamento de Santander y la Federación Cooperativa de Organizaciones Gubernamentales (Fedecoop)

• Los investigados habrían omitido las funciones de supervisión e interventoría encomendadas para ejercer vigilancia a la construcción de 15 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Puerto Wilches (Santander).

• La audiencia pública tendrá lugar en la sala de audiencias de la Procuraduría Regional de Santander el 11 de enero de 2017 a partir de las 2:00 p. m. 

La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a los señores Óscar Libardo Martínez Salazar, profesional universitario adscrito a la Secretaría de Transporte e Infraestructura de la Gobernación de Santander, en su condición de supervisor del contrato de obra nro. 5630 de 2013 suscrito entre este departamento y Fedecoop, y a Marco Tulio Solano Glen, representante legal del consorcio Inter-Puerto Wilches, quién obró como interventor del mismo contrato.

Al señor Solano Glen se le cuestionó por presuntamente certificar como recibida a satisfacción una obra consistente en la construcción de 15 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de Puerto Wilches (Santander) que no se encontraba ejecutada en su totalidad, pues hacían falta los puntos eléctricos, según se evidenció durante la visita realizada en el 2015 por la Subdirección de Monitoreo, Seguimiento y Evaluación de la Dirección de Vigilancia de las Regalías del Departamento Nacional de Planeación, desconociendo las obligaciones pactadas en el contrato de interventoría.

Consideró el ente de control que la labor de interventoría del consorcio, debió llevarse a cabo con fundamento en las obligaciones y especificaciones exigidas por el departamento de Santander en los estudios y documentos previos, así como en la invitación pública del contrato de interventoría 1035 de 2014.

De igual manera, al señor Martínez Salazar se le señaló por el supuesto desconocimiento de sus funciones, al no informar a la Secretaría de Transporte el incumplimiento de las obligaciones contractuales y suscribir el acta de recibo final de la obra a satisfacción, sin estar ejecutada, conducta con la cual podría estar incurso en falta disciplinaria.

A juicio del Ministerio Público al supervisor le asistía el deber de vigilancia y seguimiento a la ejecución del contrato de obra que le fue confiado, teniendo en cuenta que estaba en condiciones de advertir los incumplimientos y recomendar la adopción de las medidas necesarias para conminar al contratista de las obras a cumplir en debida forma sus obligaciones contractuales.

A través del material probatorio se demostró que el contrato de obra nro. 5630 no había sido ejecutado en su totalidad el 16 de junio de 2014, pues estaba pendiente el ítem correspondiente a punto eléctrico que incluía ductería, accesorios y acometida, el cual fue entregado a los beneficiarios del proyecto hasta el 13 de julio de 2015, un año después de suscrita el acta de recibo final y liquidación del contrato.

Consideró la Procuraduría Regional de Santander que los disciplinables podrían haber desconocido, entre otras normas, la Resolución nro. 1719 del 28 de enero de 2013 por medio de la cual se expide el manual de funciones y/o actividades que deben cumplir los interventores y/o supervisores del departamento de Santander.

Provisionalmente la falta del representante legal de Inter-Puerto Wilches fue calificada como gravísima cometida con culpa gravísima y la del profesional universitario como gravísima a título de culpa grave, por cuanto en desarrollo del servicio público que les fuera confiado aceptaron tener con el Estado una relación especial de sujeción, que los obligaba a cumplir los deberes de su cargo y a no apartarse del ordenamiento jurídico.

La audiencia se iniciará el próximo 11 de enero de 2017 a partir de las 2:00 de la tarde, en la sala de audiencias de la Procuraduría Regional de Santander.