Organismos de control escucharon inquietudes del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas

•    El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado, la Contralora Sandra Morelli y el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, se reunieron con integrantes del citado comité.

•    Representantes de las víctimas plantearon serias deficiencias en la implementación de la Ley 1448 de 2011: “hay una enorme distancia entre lo que dicen los informes del Gobierno Nacional y la realidad de las víctimas”, aseguraron.

•    Organismos de control se reunirán con instancias del Gobierno Nacional responsables en materia de atención a las víctimas y restitución de tierras, y con el pleno de la Mesa Nacional de Participación para analizar con mayor detenimiento la situación denunciada.
 

Los integrantes del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas se reunieron este martes 8 de abril con el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado; con la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, y con el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, ante quienes plantearon sus inquietudes por las falencias en la implementación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011).

Las debilidades del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) fue uno de los aspectos planteados por los integrantes del Comité Ejecutivo; al respecto aseguraron que después de más de dos años de entrada en vigencia de la norma, ha ido disminuyendo paulatinamente la frecuencia de las reuniones de coordinación interinstitucional y los servicios del Estado para la “atención integral” de esta población se presentan de manera desarticulada.

Hay serias inconformidades con la labor que adelanta la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: según los voceros de esta población, la entidad “impone sus agendas”, ha fragmentado la atención, no facilita los espacios de participación, desaprovecha herramientas que optimizarían la interacción con las regiones, no ha manejado de manera acertada los temas de género, e invierte de manera ineficiente los recursos destinados a la reparación y atención de su población objetivo, entre otras debilidades. “Hay una enorme distancia entre lo que dicen los informes del Gobierno Nacional y la realidad de las víctimas”, aseguraron de manera reiterada durante la reunión.

Otro tema que genera hondas preocupaciones a los voceros de las víctimas es la fragilidad en las condiciones de seguridad de los integrantes de la Mesa Nacional. Según sus representantes, no es cierto que tengan todas las garantías para su participación, y cuando denuncian ante los organismos del Estado irregularidades o intimidaciones, no reciben respuestas oficiales pero “lo que sí llega” de inmediato son las amenazas.

A pesar de los escenarios de participación en diferentes comités y subcomités, las víctimas sienten que están limitadas e incluso en muchas ocasiones “invisibilizadas” porque, aseguran, están sujetas a las agendas, la metodología y las decisiones de los organismos del Estado, por lo que su incidencia en la política pública es, según denunciaron, mínima.

Respecto de los diálogos de paz que adelanta el Gobierno Nacional con la guerrilla de las Farc en La Habana, los integrantes del Comité Ejecutivo manifestaron su preocupación porque “desconocen totalmente” cuál será la postura de los negociadores sobre el quinto punto de la agenda: “el tema de las víctimas se va a discutir a espaldas de las víctimas; no sabemos cómo vamos a quedar en ese acuerdo, si nos van a reparar a no”, señalaron con preocupación.

Frente al informe que la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (presidida por la Procuraduría General de la Nación) presentó el 19 de agosto de 2013 al Congreso de la República, en el que se advierte que la institucionalidad a cargo de la política pública de víctimas del conflicto armado no ha logrado superar el rezago de asistencialismo existente antes de la expedición de la norma, los integrantes del Comité Ejecutivo manifestaron su acuerdo con las debilidades evidenciadas, sin embargo solicitaron a los organismos de control “mayor severidad” en el abordaje de esta problemática.

Respuesta de los organismos de control

El defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez, planteó la posibilidad de solicitar a la Unidad de Víctimas que los asesores que se contratan para apoyar la elaboración de informes y la gestión de las víctimas ante el Estado no sean vinculados directamente por esa entidad, sino que sean neutrales y se considere una figura como el convenio con una universidad pública.

La contralora Sandra Morelli Rico anunció que el organismo a su cargo adelanta una encuesta nacional para lograr una valoración mucho más precisa en la materia, cuyos resultados serán entregados a la Unidad de Víctimas.

El procurador Alejandro Ordóñez Maldonado señaló que, a partir de lo expuesto por los miembros del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, se podrían deducir la posible “ineficacia” y “falta de ejecución” por parte de las autoridades responsables en la implementación de esta política pública.

El jefe del Ministerio Público y los procuradores delegados que participaron en el encuentro, reiteraron la disponibilidad de la Procuraduría para atender, desde sus competencias, los requerimientos de las víctimas del conflicto armado a través de mecanismos, entre otros, la conformación de agencias especiales para la intervención en procesos penales por amenazas; la convocatoria a los comités operativos locales de Restitución de Tierras en las zonas en las que persisten problemas de orden público y no se ha implementado eficientemente la microfocalización, y el seguimiento a los procesos de retorno de las comunidades.

Desde este organismo de control se instó igualmente a acudir a los escenarios y metodologías de participación que la Ley 1448 y el Decreto 4800 de 2011 han dispuesto para las víctimas.

Al cierre de la reunión se anunció la convocatoria, por parte de los organismos de control, a las instancias del Gobierno Nacional responsables en materia de atención a las víctimas y restitución de tierras, y al pleno de la Mesa Nacional de Participación, para analizar con mayor detenimiento la situación expuesta.