Organismos de control le plantearon al presidente Juan Manuel Santos preocupaciones por la situación del Programa de Alimentación Escolar

 

 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, y la contralora general de la República, Sandra Morelli Rico, le manifestaron al presidente Juan Manuel Santos Calderón su preocupación por la situación actual del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el territorio nacional, pues las dificultades en su ejecución siguen afectando la educación y la alimentación de más de ocho millones de niños, niñas y adolescentes.

 

En la comunicación dirigida al primer mandatario, los representantes de los organismos de control señalaron que se han recibido reiteradas quejas por parte de las entidades territoriales certificadas en materia educativa, de los usuarios del PAE, de los operadores de los contratos que implementan el programa y de la ciudadanía en general, no sólo sobre la calidad del servicio, sino respecto de las dificultades legales, administrativas, financieras, técnicas y presupuestales que afectan su desarrollo. 

 

El jefe del Ministerio Público y la contralora general manifestaron además que, en el seguimiento al proceso de transición del PAE (ordenado en la ley del Plan Nacional de Desarrollo) del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) al Ministerio de Educación, no han encontrado materializados los principios de igualdad, planeación, eficiencia, eficacia y economía que rigen la administración pública, lo que se generan hondos cuestionamientos sobre la manera como se cumple la finalidad esencial del PAE, cual es la de fortalecer la estrategia de permanencia de los escolares en el sistema educativo a través del suministro de un complemento alimentario y de educación en estilos de vida saludables.

 

 

El procurador Alejandro Ordóñez y la contralora Sandra Morelli le solicitaron al presidente Santos adoptar medidas urgentes con la finalidad de:

 

• Redefinir la finalidad del PAE, precisando su alcance como Política de Estado, los criterios de priorización de los beneficiarios, la responsabilidad de cada uno de sus actores tanto del nivel central como del nivel territorial.

 

• Garantizar un sistema de verificación, seguimiento y control, que comprometa a cada uno de los actores del PAE y en particular vincule a los directivos docentes de las entidades en las cuales se ejecuta

 

• Centralizar un sistema de información que dé cuenta de la operación del programa a nivel nacional, con enfoque diferencial, vinculando tanto las instituciones educativas como a los operadores.

 

• Establecer un sistema de costeo que obedezca también a los criterios de territorialidad e integralidad, así como que tenga presente la perspectiva de derechos, garantizando el alcance de los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional que impactan el PAE.

 

• Garantizar la sostenibilidad financiera del programa a través de un plan que incluya la financiación de los gastos administrativos, de infraestructura, de recurso humano, de transporte (tanto operativo como escolar), aumento de cobertura, costo y calidad de la ración para la totalidad de los niños, niñas y adolescentes incluidos en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT).

 

En este sentido, y con el fin de garantizar la adopción de un plan de acción de carácter inmediato sobre el PAE, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia convocará a una reunión de articulación institucional, una vez se posesione el nuevo Gobierno Nacional. 

 

El evento será presidido por los representantes de los organismos de control y deberán asistir de manera indelegable los ministros de Educación y de Hacienda y Crédito Público, así como los directores del Departamento Nacional de Planeación, del Departamento de la Prosperidad Social, del ICBF y el alto consejero presidencial para las Regiones y la Participación Ciudadana. A la reunión serán invitadas las federaciones Nacional de Departamentos y Colombiana de Municipios. 

 

La solicitud formulada conjuntamente por la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, está también motivada en lo manifestado por el presidente Santos en su discurso de instalación del nuevo Congreso de la República, el pasado 20 de julio, en el que expresó que uno de los desafíos de su nuevo periodo presidencial es promover el sector educativo para alcanzar los estándares de desarrollo de países similares a Colombia.