Procuraduría pide a la Corte Constitucional prelación al estudio del Acuerdo de París sobre cambio climático
- “Colombia, como uno de los países más vulnerables ante este fenómeno, debe reafirmar su disposición y compromiso por lograr los objetivos del acuerdo, ratificándolo con la mayor brevedad posible, y sumándose a las demás naciones que han logrado concertar rápidamente su entrada en vigencia”.
La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Corte Constitucional darle prelación al estudio del Tratado de Paris sobre cambio climático, que establece un plan de acción para poner límite al calentamiento global, con la reducción de las emisiones de gases con efecto invernadero.
El Procurador Delegado para Asuntos Ambientales, Gilberto Blanco Zúñiga, hizo esta petición al alto tribunal para que dicte sentencia de fondo sobre la duración del proceso, la trascendencia social y en el patrimonio público de este medida, con el fin de que en la próxima convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo entre el 6 y 17 de noviembre en Bonn (Alemania), Colombia pueda tener surtidos todos los trámites para poner en marcha esta medida.
Blanco Zúñiga explicó que este asunto es de especial trascendencia social y económica, y que puede incidir sustancialmente en múltiples fenómenos hidro-meteorológicos como inundaciones, deslizamientos, sequias extremas, y vendavales, que se vienen presentando en el país, y que son asociados al cambio climático.
“Colombia, como uno de los países más vulnerables ante este fenómeno, debe reafirmar su disposición y compromiso por lograr los objetivos del acuerdo, ratificándolo con la mayor brevedad posible, y sumándose a las demás naciones que han logrado concertar rápidamente su entrada en vigencia”.
Este acuerdo fue adoptado durante la Conferencia de Paris sobre el Clima (COP21), el 12 de diciembre de 2015, desde entonces, más de 100 países se han unido formalmente al depositar sus instrumentos de ratificación.
Para el caso colombiano, el Congreso de la República lo aprobó mediante Ley 1844 de 2017 y su estudio fue radicado ante la Corte Constitucional el pasado 19 de julio.
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