Para garantizar la protección integral de los menores de edad, la Procuraduría realizó vigilancia especial al programa de adopción del ICBF
BALANCE 2009-2016
Con el propósito de verificar el cumplimiento por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de sus obligaciones constitucionales y legales como autoridad central en materia de adopción, la Procuraduría General de la Nación, durante la vigencia 2009-2016, realizó vigilancia especial al Programa de Adopción que ejecutan el ICBF y las instituciones autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción IAPAS en el país.
Como resultado de este seguimiento se presentó el Informe de Vigilancia Superior sobre el Programa de Adopción, en el que se exhortó al ICBF para que cumpliera con las obligaciones legales de asumir directamente el seguimiento de la post-adopción de las familias residentes en Colombia; de salvaguardar la reserva de la documentación y de las actuaciones administrativas y judiciales propias del proceso de adopción; de reglamentar y controlar los costos administrativos de las actividades propias del Programa de Adopción y las fuentes de ingresos de las instituciones autorizadas para desarrollar el Programa de Adopción, entre otras.
Resaltó el Ministerio Público la relevancia que tiene la figura jurídica de la adopción, contemplada en el Código de la Infancia y la Adolescencia como una medida de protección mediante la cual se establece de manera irrevocable la relación paterno filial entre personas que no la tienen por naturaleza y que como acto jurídico está relacionado con un (i) derecho entendido como un bien debido y exigible del niño y del adolescente, en su condición de persona, a tener una relación paterno-filial, pues se les reconoce su derecho de tener una familia, y a los que la tienen a no ser separados de ella; (ii) como una medida de protección que extingue todo parentesco de consanguinidad después de adoptada la medida de restablecimiento de derechos -declaratoria de adoptabilidad-; (iii) como manifestación de un servicio público que debe prestarse con responsabilidad y bajo la supervisión del Estado y (iv) como un programa para restablecer el derecho del menor de edad a tener una familia.
La totalidad de la información relativa a las actuaciones realizadas en defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia de la Procuraduría está contenida en el Informe de Administración 2009-2016, que puede ser consultado por la ciudadanía en el sitio web de la Entidad.