Para la Procuraduría existe un estado de cosas inconstitucional no declarado en relación con los derechos de los menores de edad afectados por el conflicto armado
Así lo señaló la procuradora delegada para la Infancia, la adolescencia y la Familia, al referirse al reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos armados organizados al margen de la ley.
“Los informes emitidos por el Secretario General de las Naciones Unidas en mayo de 2013 y 2014, y el informe de las Observaciones Finales del Comité de los Derechos del Niño formuladas al Gobierno Nacional de febrero de 2015, entre otras, claramente dan cuenta del agravamiento de la situación de vulneración de los derechos en que se encuentran los menores de edad en el contexto del conflicto armado, toda vez que la dinámica del mismo se ha profundizado con la presencia de mayores factores de riesgo que los hace fácilmente objeto de victimización en modalidades cada vez más degradantes asociadas al reclutamiento, al uso y a la utilización ilegal de esta población”. Así lo advirtió la Procuraduría General de la Nación durante el más reciente debate de control político sobre el reclutamiento de menores de edad.
La procuradora delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, señaló que si bien las cifras entre las entidades con especiales responsabilidades en la detección temprana, la prevención urgente y la protección de los derechos vulnerados a los menores de edad en el contexto del conflicto armado no coinciden, ello no es óbice para advertir que los datos suministrados son altamente preocupantes.
En la Sentencia C-203 de 2005, la Corte Constitucional llegó a plantear que alrededor de 11.000 y 14.000 menores de edad militaban en las filas de los grupos armados ilegales que operan en el territorio nacional; 10 años después la Unidad Nacional de Reparación Integral a las Víctimas ha reportado un promedio de 7.000 niños víctimas de reclutamiento desde 1984, y por el Programa de Desvinculados del Conflicto Armado del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han pasado un promedio de 5.700 menores de edad. Esto evidencia las falencias en la articulación interinstitucional para materializar los cometidos de reparación integral y de restablecimiento de sus derechos en el marco de la Ley 1148 de 2011 y la Ley 1098 de 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), respectivamente.
La procuradora delegada destacó que el Ministerio Público ha insistido vehementemente en que las conversaciones de paz que sostiene el Gobierno Nacional con las FARC-EP debieron tener como condición la entrega de todos los menores de edad reclutados (más aún cuando un porcentaje significativo se encuentra en las filas de este grupo al margen de la ley), así como en la prohibición del reclutamiento o de la utilización ilegal de menores de 18 años de edad.
Expuso asimismo su honda preocupación por los menores de edad usados por los grupos delictivos organizados, conocidos como las BACRIM, y frente al contenido y alcance de la Sentencia C-579 de 2013 de la Corte Constitucional, que hace caso omiso de los principios de prevalencia e interés superior de los menores de edad, al establecer de manera general criterios de selección y priorización para la aplicación de los instrumentos de justicia transicional derivados del marco jurídico para la paz. Esto reflejaría que no se ha comprendido que existe una conciencia jurídica universal de respeto por sus derechos, esencialmente por ser niños, y no por ser víctimas de las hostilidades de una guerra que les es ajena.