Pliego de cargos contra diputados y exdiputados de la Asamblea del Meta
Por presunta extralimitación de sus funciones, la Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra tres diputados y cuatro exdiputados de la Asamblea Departamental del Meta.
Se trata de Mauricio Alcibíades Niño Guayacán, Lucy Fernanda Tamayo Fierro, y Claudia Ximena Calderón León, en su condición de diputados; y Geoney Sanabria Cabulo, Ricardo Jaramillo Beaumont, Laureano Enrique Mesa Daza y Gonzalo Casiano Rojas, en calidad de exdiputados.
A Niño Guayacán, quien se desempeñaba como presidente de la Asamblea en el 2015, se le cuestiona por, presuntamente, desconocer lo dispuesto por la Ordenanza 813 de 2013 que contiene el reglamento interno de la Corporación que presidía, pues volvió a poner en consideración de la plenaria para primer debate el proyecto de Ordenanza 01/15, por medio de la cual se reglamentaba la autorización del gobernador para contratar, no obstante que este trámite ya había sido surtido y aprobado en la sesión ordinaria del 20 de marzo/15.
Consideró el ente de control que para surtir el segundo debate, tal como lo dispone el reglamento, el entonces presidente debió pasar el proyecto a segundo debate ante las comisiones respectivas sin ponerlo nuevamente a consideración de la plenaria, donde fue votado negativamente por la mayoría de los diputados y luego archivado sin ser estudiado por la comisión respectiva.
A los demás diputados se les reprochó el haber votado supuestamente en primer debate, el mencionado proyecto de Ordenanza, a pesar de que este trámite ya se había surtido y aprobado.
Para el ente de control los investigados habrían incumplido la Ley 734 de 2002 que en el numeral 1 de su artículo 35 contempla como prohibición a todo servidor público “Incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas y los contratos de trabajo”.
Por la falta del cuidado necesario, al adoptar las medidas tendientes a cumplir y respetar el reglamento interno de la Asamblea Departamental, provisionalmente la Procuraduría calificó las presuntas conductas de los funcionarios y exfuncionarios como graves a título de dolo.