Pliego de cargos contra integrantes de la Fuerza Pública por posibles irregularidades en la muerte de un miembro de la etnia kamkuama
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el sargento segundo Robinson Moreno Valderrama y los soldados profesionales Sady Noel Galván Anaya y Alejandro Javier Díaz Vega por posible incumplimiento del deber de respeto y garantía por los derechos fundamentales de la vida humana, por la muerte de un indígena el 3 de septiembre de 2008 durante la ejecución de una orden de operaciones.
El 15 de septiembre de 2008 el defensor del Pueblo del Cesar informó a la Procuraduría que integrantes del Ejercito, quienes para la época de los hechos pertenecían al Grupo Mecanizado nro.2 “Coronel Juan José Rondón”, habrían incurrido en posibles irregularidades al haber dado muerte a un joven de la etnia kankuama que salió de su casa el 2 de septiembre de ese año a buscar trabajo.
Dentro de la investigación se encuentran pruebas que comprometen la responsabilidad de algunos uniformados que adelantaban la operación militar y que indican que los investigados habrían incumplido el deber de garantizar el goce de los derechos inherentes a la dignidad humana de la víctima y abstenerse de realizar cualquier acto que los vulnerara.
En sus declaraciones los uniformados señalaron que el resultado de la operación militar sobre el sector de Piñoncito, en el municipio de Jagua del Pilar (Guajira), fue la muerte de un civil como consecuencia de un ataque por parte de éste que justificó su reacción. Sólo dos soldados involucrados en la muerte del ciudadano coincidieron en afirmar que dispararon contra éste.
El Ministerio Público busca establecer si los militares incurrieron en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario por su posible responsabilidad en la muerte de una persona que no participaba del conflicto armado.