Pliego de cargos por posibles irregularidades en convenio 'Restauración ecológica en la ribera del río Putumayo'

• El valor total del convenio objeto de investigación fue de $5.669.041.757.

Por posibles irregularidades presentadas en un convenio interadministrativo celebrado entre Corpoamazonía, el municipio de Puerto Leguízamo y el Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de Los Puertos (Cgap), la Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública a seis personas pertenecientes a estas entidades que estarían involucradas en estos hechos. 

Los citados a la diligencia de carácter verbal son los señores José Ignacio Muñoz Córdoba y William Mauricio Rengifo Velasco, como directores de Corpoamazonía en diferentes épocas; María Isabel Jacanamejoy, como subdirectora de planificación ambiental (E) de Corpoamazonía; Luis Alexander Mejía Bustos, como subdirector territorial Putumayo de Corpoamazonía y supervisor del convenio; Miguel Ángel Rubio Bravo, alcalde de Puerto Leguízamo; y Luis Alberto Erazo Vallejo, representante legal del Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de Los Puertos (Cgap).

Lo hechos están relacionados con un convenio interadministrativo celebrado en el año 2011 con la alcaldía de Puerto Leguízamo y la Corporación Centro Provincial de Gestión Agroempresarial de los Puertos para ejecutar el proyecto denominado "Restauración ecológica en la ribera del río Putumayo, mediante el manejo de la regeneración natural, sistemas agroforestales sostenibles, en el sector Puerto Caicedo, Puerto Asís y Puerto Leguízamo del departamento de Putumayo".

De acuerdo con la investigación, el señor José Ignacio Muñoz Córdoba habría intervenido en la tramitación, aprobación y celebración del señalado convenio interadministrativo pese a que este se fundamentó en estudios técnicos, financieros y jurídicos previos requeridos deficientes que habrían generado dificultades en su ejecución y la posterior terminación anticipada del convenio.

Advierte el Ministerio Público que, de acuerdo con las características del proyecto, los estudios debieron considerar componentes elementales como las áreas a intervenir dentro de la extensión territorial de los municipios de Puerto Asís, Puerto Caicedo y Puerto Leguízamo, así como la justificación técnica de haber elegido como sistema de regeneración natural el encerramiento natural y la falta de concreción de los aspectos técnicos que regirían la ejecución del proyecto.

Se cuestiona además la conducta de la subdirectora de planificación (E), María Isabel Jacanamejoy, quien sería la responsable de elaborar los estudios previos deficientes e incompletos para el cabal desarrollo del convenio interadministrativo.

Entre tanto, la Procuraduría cuestionó la conducta de los señores William Rengifo Velasco, Miguel Ángel Rubio y Luis Alexander Mejía Bustos habrían suscrito la modificación del cuestionado convenio para “cuando el avance del proyecto era tan precario que hacía innecesaria la modificación, encaminada exclusivamente a anticipar el giro de más recursos al Cgap con cargo al convenio, los cuales en últimas no se ejecutaron y parte de ellos, $590.000.000 fueron reembolsados, estando pendiente la devolución de $604.404.367”.  

Por último, se formuló pliego de cargos contra Luis Alberto Erazo Vallejo, representante legal de Cgap, quien también habría suscrito la aludida modificación y no habría cumplido con los compromisos ya adquiridos, en detrimento del erario, del objeto del negocio jurídico y sacrificando los intereses de los tres municipios que no recibieron los beneficios ambientales proyectados. 

La audiencia pública se llevará a cabo el próximo 8 de septiembre, a partir de las 9:00 de la mañana, en la Sala 2 del edificio contiguo a la sede central de la Procuraduría General de la Nación, ubicado en la calle 17 No 4 – 75.