Pliegos de cargos por posibles "ejecuciones extrajudiciales" de habitantes de Soacha (Cundinamarca), Bogotá y Aguachica (Cesar)
• El Ministerio Público avanza en tres investigaciones disciplinarias diferentes abiertas por esta conducta.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos en el marco de tres investigaciones adelantadas por el reclutamiento de jóvenes en Bogotá, Aguachica (Cesar) y Soacha (Cundinamarca), su desaparición, posterior muerte y presentación como muertos en combate por parte de miembros adscritos al Ejército Nacional.
Operación “Fortaleza” - febrero de 2008
Por la muerte de un ciudadano, parte de la población civil y por lo tanto objeto de especial protección, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra 3 integrantes del Batallón de Servicios nro.5 “Mercedes Abrego” para la época de los hechos investigados.
Se trata del sargento viceprimero Fabio Ortega Zapata y los soldados Ismael Ruiz Quintero y Elvis Camilo Arce.
De acuerdo con las quejas presentadas ante la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, la víctima salió de la casa de su hermana en Soacha (Cundinamarca) el 2 de enero de 2008 y no regresó. Solo hasta el mes de agosto de ese año su madre y hermana se enteraron a través de la radio de Chiquinquirá que había sido enterrado como una persona no identificada.
De acuerdo con las versiones rendidas, el personal militar se desplazó por la vía que de Bucaramanga conduce a San José de Cúcuta y hacia las horas de la madrugada del 21 de febrero se escucharon voces, lanzaron la proclama y las personas dispararon contra ellos, por lo cual se vieron obligados a responder al fuego; posteriormente, encontraron el cuerpo sin vida de una persona.
Sin embargo, la versión de los hechos narrada por los declarantes que se encontraban en la zona “coinciden en desvirtuar la existencia de un combate y afirman por el contrario que los miembros del Ejecito Nacional llegaron, retuvieron a otras dos personas que dejaron en libertad, que se les advirtió que se trataba de una persona ‘bobita’ y a pesar de lo anterior le dieron muerte “.
El informe de levantamiento del cadáver indica que en el cuerpo de la víctima fue hallado un radio de comunicaciones, un fusil con portaproveedor con 16 cartuchos, una granada de fragmentación, proveedores para fusil y 17 cartuchos.
Al parecer, existen contradicciones entre las pruebas obrantes en el expediente y las afirmaciones de los militares que participaron en el operativo. Al respecto el Ministerio Público señaló que los elementos de prueba recaudados hasta el momento indican que la muerte de este ciudadano por parte de miembros de la Fuerza Pública al parecer fue producto de un impacto de arma de fuego que habría recibido estando de espaldas, lo cual no coincide con lo afirmado por los investigados en el sentido que la víctima enfrentó a la tropa.
En consecuencia, los investigados habrían contrariado las reglas exigidas por el Derecho Internacional Humanitario para proteger a la población civil.
Misión táctica “Marfil” - marzo de 2008
En el marco de otro proceso disciplinario, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra siete integrantes del Ejército Nacional por hechos relacionados con la muerte de dos ciudadanos, ocurridas en la vereda “El Brasil Alto”, municipio de Cimitarra (Santander) el 5 de marzo de 2008, a quienes se les habría reportado como muertos en combate.
Los cobijados con el auto de cargos son el teniente coronel Wilson Javier Castro Pinto, el teniente Eduar Antonio Villany Realpe, el sargento viceprimero Jesús Eduardo Niampira Benavides y los soldados profesionales Nelson Ospina Tabares, Juan Carlos Álvarez, Germán Augusto Oliveros Tavares y Benancio Puentes Guapacha, integrantes del batallón de Infantería nro.41 “General Rafael Reyes Prieto” con sede en Cimitarra (Santander).
Se advierte que la misión táctica “Marfil”, dirigida contra cuatro integrantes de las bandas criminales al servicio del narcotráfico, al parecer, fue abiertamente ilegal pues con ella se habría intentado dar una apariencia de legalidad a la muerte de estas personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.
De acuerdo con las pruebas y testimonios de los familiares la primera de las víctimas, de 27 años de edad, desapareció el 26 de febrero de 2008 e ingresó al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses el 5 de marzo de ese mismo año; y el segundo, de 32 años de edad, despareció el 4 de marzo e ingresó a la misma Unidad de Medicina legal al día siguiente.
La información recaudada sobre las víctimas indica que éstas residían con sus familias en Bogotá, estaban desempleados, no conocían la cabecera municipal de Cimitarra (Santander) y sus desapariciones fueron advertidas oportunamente y denunciadas por sus familias.
Misión táctica “Jaguar” - junio de 2008
En desarrollo de esta operación militar, en jurisdicción del municipio de Bucarasica (Norte de Santander), integrantes del Ejército Nacional habrían perpetrado dos homicidios en personas protegidas a la luz del Derecho Internacional Humanitario, por lo cual la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra nueve miembros del Ejército Nacional que integraban para la época de los hechos el Batallón de Infantería Nro.15 “General Francisco de Paula Santander”.
Los afectados con el auto de cargos son el teniente coronel Álvaro Diego Tamayo Hoyos, el sargento viceprimero Orlando Burgos Vargas y los soldados profesionales Henry Torres Téllez, Lenin Benavides Velaides, Juan Bautista Cubides Rodríguez, Jesús Alveiro Arevalo Telles, Olver Zambrano García, Alfonso Cubides y Wilmer Bayona García.
Según la investigación, en desarrollo de la operación “Jaguar” el 11 de julio de 2008, hacia las 2:45 de la mañana fueron asesinados un soldado profesional y una persona sin identificar, que fue relacionada por lo uniformados como un narcoterrorista. Tras las diligencias realizadas se pudo establecer se trataba de un ciudadano que residía con su familia en la cabecera municipal de Aguachica (Cesar), caracterizada como una persona sin antecedentes penales, policiales o de otro tipo delincuencial, sin ninguna vinculación con un grupo armado ilegal.
De acuerdo con el acta de inspección técnica al cadáver y el informe pericial de necropsia y demás informes probatorios no se advierte la existencia de combate, y de otra parte “se tiene claras explicaciones sobre el contacto, promesa de trabajo, engaño y traslado que desde Aguachica se pudo producir hasta el lugar donde fue entregado al pelotón militar que terminó causándoles la muerte en el sitio de que da cuenta el informe de patrullaje”.
Señala el Órgano de Control que en este mismo lugar se reportó la muerte de un soldado profesional, la cual, al parecer, se habría producido con el fin de dar una apariencia de legalidad.
Los uniformados habrían incurrido en graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario por cuanto la acción militar perpetrada recayó en dos personas protegidas por el DIH, “ya que el primero no era combatiente y el segundo aunque si tenía la calidad de combatiente murió como lo explicaron los mismos disciplinados bajo el mismo fuego amigo sin que aparentemente se librara el aducido combate”.