Por considerar que no es apropiada, el Ministerio Público apeló la decisión del fiscal 38 de otorgar la detención domiciliaria al exdiputado Sigifredo López
• En diálogo con los medios de comunicación, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado aseguró que en los próximos días sustentará la apelación, por considerar que la detención domiciliaria concedida al exdiputado no cumple los presupuestos legales exigidos para la aplicación de este sustituto penal.
En intervención ante los medios de comunicación, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, afirmó que en el caso de Sigifredo López, “el Ministerio Público impugnó la decisión del fiscal 38 el pasado viernes y que en las próximas horas la sustentará, por considerar que la detención domiciliaria que se le concedió a exdiputado del Valle no es apropiada, ni ponderada, puesto que los punibles que se le están imputando son de una gravedad que no permitiría concederle la domiciliaria sino mantenerle la detención intramural”.
Sobre el mismo aspecto, el jefe del Ministerio Público aseguró que “las conductas que se le imputan son de una gravedad grande, como lo son homicidio agravado, retención de rehenes y perfidia, los cuales no son conductas que permitan la detención domiciliaria, además del tratamiento discriminatorio frente a otras personas procesadas o condenadas por conductas similares a las cuales no se les ha concedido ese beneficio”.
Reforma a la justicia
Frente al tema de la reforma a la justicia, el doctor Ordóñez Maldonado manifestó que “se tiene conocimiento de algunas quejas presentadas por ciudadanos al respecto en trámite y que en cumplimiento a las competencias otorgadas al ente de control, todo funcionario público es pasible de ser investigado por sus conductas, actuaciones, decisiones y omisiones”, aclarando que dichas quejas deben ser verificadas antes de iniciar cualquier acción disciplinaria.
Al consultarle por quién llevaría el caso de llegarse a abrir investigaciones preliminares, respondió que “de acuerdo a la Constitución Política y a la Ley 734 de 2002, se tiene competencia frente a los funcionarios que ostentan fuero, haciendo que cualquier conducta o queja sobre ellos, le compete conocerla al procurador general de la Nación en única instancia”.
Finalmente, el jefe del ente de control precisó en su declaración que “frente a la reforma a la justicia que está en vilo, de llegar a ser promulgada, variaría la competencia del señor procurador respecto a los congresistas, pero se mantendría en el órgano de control, creando dos salas integradas por tres procuradores en la primera y dos más en la segunda, encargadas de tramitar las dos instancias de los procesos disciplinarios”, aclarando el doctor Ordóñez Maldonado que hasta el momento se mantienen las competencias de acuerdo al diseño vigente y que “no hay posibilidades de vacíos institucionales y además, las competencias no se deben, se tienen que ejercer”.