Por faltas disciplinarias, Procuraduría sancionó a más de 10 mil servidores públicos y particulares que ejercen funciones públicas o manejan dineros del Estado entre 2009 y 2016
Más de 12 mil decisiones disciplinarias impuso la Procuraduría General de la Nación entre los años 2009 y 2016, cumpliendo así con su función misional de “controlar y vigilar que las actuaciones de los servidores públicos y de los particulares que ejerzan función pública estén regidas por el marco jurídico colombiano”.
En el marco de la función disciplinaria, entre los años 2009 y 2016 se recibieron 719.811 quejas, se iniciaron 131.937 indagaciones, se profirieron 48.179 autos de apertura de investigación mediante procedimiento ordinario, se iniciaron 4.011 procesos verbales, se fallaron 12.217 procesos de primera instancia de los cuales 7.771 fueron sancionatorios, y se profirieron un total de 7.047 decisiones de segunda instancia.
Dentro de las sanciones disciplinarias relevantes se destacan las destituciones e inhabilidades por 20 años proferidas contra los entonces senadores Miguel de la Espriella, Néstor Iván Moreno Rojas, Luis Alberto Gil, Jorge de Jesús Castro Pacheco y Juan Carlos Martínez Sinisterra y al representante a la Cámara Miguel Ángel Rangel.
Se profirieron además las destituciones e inhabilidades para ejercer cargos públicos de los gobernadores Juan Carlos Abadía, del Valle del Cauca; Juan Francisco Gómez Cerchar, de La Guajira; Nelson Mariño Velandia, de Casanare; Víctor Isidro Loaiza, del Caquetá; Efrén de Jesús Ramírez Sabana, de Guanía y Whitman Herney Porras de Casanare.
Los resultados generales de la gestión muestran que durante estos últimos ocho años se sancionaron 1.587 alcaldes municipales, 1.111 concejales, 104 gobernadores, 182 personeros y 240 gerentes de diferentes entes, ente otros cargos.
Cabe destacar que en el marco de la acción disciplinaria se profirieron decisiones de connotación nacional como el caso de Ecopetrol, relacionado con una solicitud de soborno e incremento patrimonial injustificado, la concesión del relleno de “Doña Juana”, la celebración anormal de operaciones de compra de títulos valores por parte de la Fiduprevisora, los hechos relacionados con la expedición de una licencia de construcción del centro Comercial Unicentro en Bogotá y las irregularidades relacionadas con el contrato celebrado por parte de la Cámara de Representantes con la sociedad Infotic S.A.