Por la elección irregular de las mesas directivas del Concejo Municipal de Barrancabermeja (Santander) para los periodos 2014 y 2015, en fallo de primera instancia, Procuraduría sancionó a ocho concejales

 

En decisión de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó a los señores Miriam Guerrero Tovar y Rogelio Adolfo Scarpeta Díaz, por el término de 14 años; y a Alfonso Baeza Acuña, Carlos Andrés González Mebarark, Jaime Enrique Quintanilla Archila, Kelly Zulima Ortiz Calao, Roberto Quiroga Garcés y Luis Eduardo Velásquez, por un periodo de 12 años, por haber incumplido los deberes que les fueron asignados como concejales de Barrancabermeja, Santander, para el periodo 2012-2015.

 

De acuerdo con las pruebas documentales y testimoniales recaudadas por el ente disciplinario, los ediles incurrieron en irregularidades al elegir las mesas directivas del Concejo Municipal de Barrancabermeja para los periodos 2014 y 2015 sin existir quórum decisorio y, por suscribir y votar el acto administrativo para la elección de la mesa directiva del año 2015, actuación para la cual no estaban facultados.

 

Respecto a la falta de quórum el órgano de control consideró que la voluntad de los disciplinados estuvo intencionalmente dirigida a producir situaciones de orden administrativo viciadas de nulidad o de inexistencia, desde la citación a la sesión ordinaria del concejo, por cuanto los ocho disciplinados tenían pleno conocimiento de que dos miembros de dicha corporación integrada por 17 ediles ya no ostentaban esa condición por la pérdida de investidura proferida por el Consejo de Estado mediante sentencia que quedó en firme el 26 de septiembre de 2013.

 

En cuanto a la elección de la mesa directiva para el periodo 2015, el órgano de control manifestó que los actuales concejales contrariaron normas constitucionales y legales, así como el reglamento interno del concejo, los cuales prohíben la elección de mesa directiva para más de un periodo. Además manifestó que estos servidores incurrieron en violación de los principios de la función pública, especialmente el de transparencia, al hacer prevaler su capricho personal frente a los citados mandatos.

 

La primera falta disciplinaria cometida por los concejales fue considerada por la Procuraduría Provincial de Barrancabermeja como grave, y la segunda como gravísima teniendo en cuenta que en su mayoría eran profesionales y, por lo tanto, debían conocer el manejo de la administración pública. Así mismo, estimó su culpabilidad a título de dolo en ambos cargos por actuar de manera arbitraria, contrariando la confianza depositada por la comunidad de Barrancabermeja que los eligió.

 

Finalmente la Procuraduría General de la Nación compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación con el fin de establecer si hubo responsabilidad de tipo penal por parte de estos funcionarios públicos.

 

Es de precisar que en virtud de la trascendencia política generada por este fallo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, constituyó una asignación especial para el estudio y decisión de segunda instancia en Bogotá.