Por la muerte de dos personas, entre ellas un menor de edad, Procuraduría investiga a integrantes del Ejército Nacional
Por la muerte de dos civiles, uno de ellos menor de edad, en el municipio de San Luis (Antioquia), la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos a 14 miembros de la Contraguerrilla “Deriva-7”, pertenecientes al Batallón de Artillería No.4 “Cr. Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez” adscrito a la IV Brigada del Ejército Nacional con sede en Medellín (Antioquia).
Son ellos: el subteniente Josué Mesarud Hernández Fuentes, cabo primero Sergio Augusto Ruiz Moscoso, cabo primero Freymi Sinisterra Payán, soldados regulares Juan Carlos Zapata Alcaraz, Never de Jesús Pérez Oliveros, Elkin Mauricio Pamplona Ciro, Didier Alberto Serna Blandón, José Arely Marín Serna, José Johan Castaño Quintero, los soldados José Mauricio Pérez Aguilar, Luis Óscar Gil Montoya, Davinson Andrés Gil Ciro, Juan Guillermo Londoño Mazo y Jhon Albeiro Vargas Morales.
Al parecer, en cumplimiento de la ejecución de la orden de operaciones “Soberanía” de la que se derivó la misión táctica “Manatí-7”, la noche del 14 de abril de 2005, en el sitio “Las Dos Partidas” ubicado en zona rural de San Luis (Antioquia), los integrantes de la Contraguerrilla “Deriva-7” habrían emboscado a dos personas que habían llegado a ese sitio después de realizar sus labores agrícolas y allí les dispararon. Como consecuencia de ello uno de los civiles murió y el menor de edad quedó herido; éste aprovechó la situación y escapó hacia la autopista Medellín-Bogotá donde fue encontrado por uno de los uniformados en la mañana del 15 de abril de 2005 y, al parecer, atendiendo la orden del teniente Josué Hernández Fuentes, le dispararon causándole la muerte.
Posteriormente, al parecer por orden del oficial Hernández Puentes, le habrían comprado una escopeta al padre del soldado Sergio Ruiz Moscoso por 60 mil pesos, la cual se habría utilizado para colocarla a uno de los cadáveres junto con granadas y municiones que fueron reportados por los miembros del Ejército como material de guerra que llevaban las víctimas al momento en que se produjo el presunto enfrentamiento armado.
En desarrollo de la investigación algunos de los soldados involucrados en los hechos coincidieron en negar el conocimiento de lo sucedido, sin embargo, los soldados Gil Ciro, Marín Serna y Ruiz Moscoso reconocieron y describieron en sus versiones los hechos acaecidos.
De acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, los investigados habrían incurrido en graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario por los hechos ocurridos entre el 14 y 15 de abril de 2005 en los que se produjo la muerte de estas dos personas.