Por posible extralimitación de sus funciones, Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra funcionaria de la Secretaría de Transporte e Infraestructura del departamento de Santander y un particular
• Los investigados habrían permitido la inversión irregular de los recursos entregados como anticipo en desarrollo de un contrato de obra, los cuales, al parecer, quedaron en manos del subcontratista.
La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fany Arias Arias, funcionaria de la Secretaría de Transporte e Infraestructura de Santander, supervisora de un contrato de obra celebrado en el 2009 entre el citado departamento y el Consorcio SE-1; y en contra de José Joaquín Ortiz García, representante legal de la sociedad Joaquín Ortiz & Compañía Ltda. –JOYCO Ltda.–, en su condición de interventor, porque al parecer se extralimitaron en el ejercicio de sus funciones.
A los investigados se les cuestiona por autorizar a un subcontratista la compra de tres carros: una volqueta y dos camionetas por valor de $137.000.000 con destino a la ejecución de la obra de pavimentación de la vía kilómetro 18–Tona, sin que ello estuviese contemplado en el pliego de condiciones, ni en el manual de contratación de la entidad.
De acuerdo con el material probatorio recaudado, la compra de estos vehículos se habría efectuado de manera indebida con dineros correspondientes al anticipo de la mencionada obra y, al parecer, habrían quedado en manos del subcontratista, dando lugar al incumplimiento de las obligaciones del interventor.
Por considerar que el particular que desempeñaba funciones públicas y la actual funcionaria permitieron injustificadamente que recursos pertenecientes al departamento de Santander ingresaran al patrimonio de un subcontratista, en esta etapa procesal el órgano de control tipificó sus faltas como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima.
Esta investigación disciplinaria tuvo origen en el hallazgo de la Contraloría General de Santander como resultado de la auditoría gubernamental con enfoque integral especial practicada a las regalías del departamento de Santander.
Los sujetos procesales disponen de 10 días para presentar descargos y solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes y conducentes para su defensa.