La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Clemente Lucumí Golú, en su calidad de alcalde del municipio de Buenos Aires (Cauca) para la época de los hechos, quien habría incurrido en irregularidades contractuales.
De acuerdo con la investigación, el exalcalde, amparado en la urgencia manifiesta que él decretó el 5 de abril de 2011 ante la emergencia invernal, habría celebrado mediante modalidad directa dos contratos de consultoría y seis de obra sin tener en cuenta que entre la expedición del decreto de urgencia y la contratación celebrada para conjurar la situación transcurrieron cerca de cuatro meses, tiempo en que la administración debió tramitar la licitación pública o concurso que legalmente correspondía.
Al respecto, las pruebas señalan que los contratos de consultoría fueron suscritos el 29 de julo de 2011, es decir tres meses y 24 días desde el decreto de urgencia manifiesta.
En el caso de los seis contratos de obra, la Procuraduría señaló que estos habrían sido celebrados a los cuatro meses y 25 días desde la declaratoria de la urgencia, tiempo suficiente para adelantar la contratación de acuerdo a lo establecido en la Ley de contratación estatal.
El Ministerio Público recordó que la contratación que se realice con fundamento en la urgencia manifiesta debe realizarse de forma inmediata o por lo menos con la mayor prontitud, pues busca atender en forma inmediata y oportuna las necesidades derivadas de la situación de emergencia o calamidad o conjurar la situación.
Por lo anterior, “no se aviene a su naturaleza como mecanismo excepcional que entre la declaratoria de urgencia manifiesta y la contratación transcurrieran casi tres meses para las consultorías y casi cuatro para las obras”.
En consecuencia, en el presente caso el exmandatario habría omitido el trámite de pública convocatoria de oferentes y selección objetiva de contratistas.