Por posibles irregularidades en la explotación de recebo, Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra exalcalde de Viracachá (Boyacá)
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Benigno Ávila Montaña, en su calidad de alcalde municipal de Viracahá (Boyacá), por posibles hechos irregulares relacionados con la explotación de recebo en un lote de propiedad del citado municipio, con los que habría desconocido la normatividad minera y contractual.
Al parecer el 2 de marzo de 2011 el señor Ávila Montaña suscribió un contrato con un particular para entregar a título de arrendamiento un lote de terreno ubicado en la vereda de Icarina, sin contar con los estudios técnicos y jurídicos previos para su ejecución y, al parecer, sin tener la licencia ambiental.
Con esta decisión el señor Benigno Ávila Montaña habría permitido que se ejercieran actividades de explotación de recebo en la vereda Icarina (Viracachá) pese a existir una sanción impuesta en ese sentido por parte de Corpochivor, la cual fue confirmada posteriormente por el mismo organismo.
El análisis de las pruebas aportadas a esta investigación permite inferir que las decisiones de Corpochivor fueron de pleno conocimiento del entonces alcalde y, no obstante, habría continuado con dicha explotación.
Adicionalmente el señor Ávila Montaña habría permitido que particulares usaran la maquinaria del municipio para la explotación y el transporte del material de recebo para cumplir con la ejecución de un contrato de obra pública suscrito el 3 de febrero de 2011 para “el mejoramiento y optimización de la malla vial rural y urbana del municipio de Viracahá”, suscrito con un consorcio.
Las faltas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de dolo, teniendo en cuenta la jerarquía del investigado y considerando además que tenía plena conciencia de las implicaciones legales que acarreaban el ordenar y/o permitir el desarrollo de la actividad minera sin el lleno de los requisitos legales y constitucionales y el consentir el uso de la maquinaria municipal por parte de terceros.