Boletín 235

Por presunta violación de la Ley de Garantías Electorales, Procuraduría formuló pliego de cargos al director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga

Fuente: PGN
Fecha Publicación:

 La audiencia pública se llevará a cabo el próximo 25 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, en la sala de audiencia número 1 de la torre C de la Entidad.

 
La Procuraduría General de la Nación citó a audiencia pública al director de la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, Ludwing Arley Anaya Méndez, para iniciarle, mediante proceso verbal, investigación disciplinaria por presunta violación de la Ley de Garantías Electorales.
 
Al señor Anaya Méndez, en su condición de director de la Corporación, se le cuestiona por proponer y aprobar, el 23 de abril de 2014, la remoción del señor Raúl Eduardo Cardozo de su cargo como gerente general de EMPAS, y una semana después nombrar y posesionar en su reemplazo al señor Fredy Humberto Barón, a pesar de estar vigente la prohibición contenida en los artículos 32 y 38 de la Ley 996, conocida como Ley de Garantías Electorales.
 
Dicha Ley es aplicable a todas las entidades públicas pertenecientes a la Rama Ejecutiva del nivel central y descentralizado, y de las entidades territoriales y sus entidades descentralizadas, referente a la imposibilidad de realizar nuevas vinculaciones o modificar la nómina de la entidad durante el periodo comprendido entre los cuatro meses anteriores a las elecciones del Congreso de la República y Vicepresidente, llevadas a cabo en el año 2014; prohibición que empezó a regir desde el 9 de noviembre de 2013.
 
Con dicho actuar, el disciplinado, presuntamente, habría quebrantado el artículo 23 de la ley 734 de 2002, así como el artículo 35 de la misma normatividad que señala entre las prohibiciones de los servidores públicos, incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar las funciones contenidas en la Constitución, vulnerando posiblemente la salvaguarda de los principios de moralidad y transparencia que rigen la función pública. 
 

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