Por presuntas irregularidades en contratación, Procuraduría convocó a audiencia pública a tres exfuncionarios del Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia)
Procuraduría General de la Nación absolvió en decisión de primera instancia a exfuncionarios del Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia)
- Los investigados habrían celebrado un contrato laboral colectivo por un valor de $2.286.000.000 sin cumplir requisitos y deberes estipulados para los contratos de mayor cuantía en el estatuto de contratación de la ESE Hospital San Rafael de Itagüí vigente para la fecha de los hechos.
- La audiencia se cumplió en la tarde de hoy en la sede de la Procuraduría Regional de Antioquia.
En la tarde de hoy, la Procuraduría General de la Nación escuchó en audiencia pública a: Alexandra Zapata Ortiz, exgerente; Jorge Alcides Medina Bustamante, exsubgerente general y miembro del Comité de Contratación, y Andrés Felipe Jiménez Giraldo, exsubgerente de servicios de Salud y miembro del Comité de Contratación, adscritos a la Empresa Social del Estado (ESE) Hospital San Rafael de Itagüí (Antioquia), quienes, al parecer, incurrieron en falta disciplinaria por posiblemente incumplir los deberes contenidos en los estatutos de la referida institución.
Los cargos endilgados a los disciplinables están relacionados con irregularidades en un contrato laboral colectivo que se celebró en el 2012 por valor de $2.286.000.000, sin presuntamente haber publicado el pliego de condiciones durante cinco días en la página web de la Hospital San Rafael de Itagüí, sin tener estudio previo ni pliego de condiciones, sin acta que contuviera la verificación de los aspectos más relevantes de la ofertas presentadas y sin los informes de evaluación técnico y financiero del Comité de Contratación de la citada ESE.
Las faltas de los exfuncionarios fueron calificadas provisionalmente por el órgano de control como graves cometidas a título de culpa gravísima.
En ejercicio del derecho a la defensa que les asiste a los sujetos disciplinables, los investigados podrán solicitar o aportar las pruebas que estimen pertinentes y conducentes.
Finalmente, el Ministerio Público señaló que esta investigación se inició tras conocer los hallazgos encontrados por la Contraloría General de Antioquia en una auditoría sobre presuntas irregularidades contables, presupuestales y contractuales.