Por presuntas irregularidades en materia contractual, Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra exsecretario general y de Gobierno del municipio de Moniquirá (Boyacá)
• Los hechos investigados están relacionados con el contrato para la construcción de la primera etapa del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado.
La Procuraduría General de la Nación, a través de la Provincial Tunja, formuló pliego de cargos contra el señor Leonardo Salamanca Sierra, en su calidad de secretario general y de Gobierno de la administración municipal de Moniquirá (Boyacá) para la época de los hechos, por presuntas irregularidades contractuales en el proyecto de construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado primera etapa del municipio.
La actuación de este organismo de control se originó al conocer el informe presentado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), según el cual el municipio no planeó ni realizó de manera coordinada los procesos de contratación de la interventoría técnica para la ejecución del proyecto; no manejó de forma exclusiva los recursos girados por el DNP en una sola cuenta bancaria; en desarrollo de la Licitación Pública 003 de 2008 para contratar la construcción de la primera etapa del Plan Maestro, con un presupuesto $4.984 millones, publicó con muy poca antelación la fecha de la visita obligatoria al lugar de las obras, limitando indebidamente la posibilidad de participación; y suscribió el Contrato de Obra Pública 007 del 12 de 2009 con base en unos estudios y diseños que presentaban inconsistencias.
Hechos investigados
El señor Salamanca Sierra deberá responder en el proceso disciplinario porque presuntamente suscribió el mencionado contrato de obra pública para la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado del municipio de Moniquirá, primera etapa, sin contar con la debida aprobación de los diseños y planos requeridos para la ejecución del contrato por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial; sin contar con los permisos y servidumbres requeridas, y sin contar con los listados y planos de los posibles beneficiarios para instalación de redes de la comunidad, lo que originó las sucesivas suspensiones y la posterior cesión del contrato.
El Contrato de Obra Pública 007 del 12 de marzo de 2009 tenía un plazo de ejecución inicial de nueve meses contados a partir de la suscripción del acta de iniciación (firmada el 18 de mayo de 2009), plazo al que se le adicionaron cuatro meses, pero debido a las sucesivas suspensiones de que fue objeto, a 17 de diciembre de 2012 aún no se había dado cumplimiento al pacto contenido en la minuta contractual y en esa fecha se suscribió la quinta acta de suspensión.
En el auto de citación a audiencia el Ministerio Público señala que al parecer hubo negligencia por parte del exfuncionario en el ejercicio de su labor como administrador de los recursos públicos que le fueron confiados y que llegaron a manos de particulares que no habían cumplido con sus compromisos contractuales. La Procuraduría Provincial de Tunja calificó la falta provisionalmente como gravísima, cometida a título de dolo.