Por presunto incumplimiento de sus deberes, Procuraduría formuló cargos contra exalcalde, 3 concejales actuales y 7 exconcejales municipales de San Gil (Santander)
• Al parecer, los investigados aprobaron un proyecto de acuerdo para suspender la liquidación de la IPS Guanentá, entidad que dejó de prestar servicios de salud desde el 2010 y carecía de capacidad para mantenerse en funcionamiento.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Álvaro Josué Agón Martínez, en su condición de alcalde del municipio de San Gil (Santander) para el 2012, época en que ocurrieron los hechos.
La decisión disciplinaria involucra también a los señores Jaime Antonio Castañeda Ferrucho, Jorge Enrique Peña Arismendi, Juan Antonio Silva Vargas, José Antonio Páez Torres, Néstor Galviz Patiño, Armando Villar Ruiz y a la señora Marleny Vesga Becerra, en su calidad de exconcejales de San Gil y, a Norberto Acevedo Martínez, Cristian Gerardo Chaparro Jiménez y José Gregorio Ortiz Pérez, quienes actualmente se desempeñan como concejales del mismo municipio.
Los hechos objeto de investigación están relacionados con las presuntas irregularidades en que pudieron incurrir los investigados por suspender, mediante un proyecto de acuerdo suscrito en el 2012, el proceso de liquidación de la IPS Guanentá, sin los soportes que demostraran su justificación, teniendo en cuenta que esta entidad presentaba una grave situación financiera y no contaba con una infraestructura que hiciera viable su funcionamiento.
Para el ente de control los sujetos disciplinables habrían incumplido las disposiciones trazadas en el Artículo 69 de la Ley 489 de 1998, que frente a la creación de las entidades descentralizadas establece: “El proyecto respectivo deberá acompañarse del estudio demostrativo que justifique la iniciativa, con la observancia de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución Política”.
La Procuraduría reprochó a los implicados no haber adelantado un análisis previo a solicitar la suspensión de la liquidación de la IPS, pues este proceso era necesario, como lo soportó la administración anterior y lo evidenció la Contraloría General de Santander tras la auditoría de la vigencia 2008, en cuyo informe quedó consignado que esta Entidad Social del Estado carecía de la capacidad necesaria para cumplir el fin para el cual fue creada.
Provisionalmente la Procuraduría Provincial de San Gil calificó las faltas de los entonces funcionarios y de los actuales funcionarios como graves cometidas con culpa grave y gravísima.