Por presuntos comportamientos sexuales abusivos, Procuraduría formuló cargos a exdocente de la Secretaría de Educación de Medellín (Antioquia)
• Al parecer, cuando la niña se quedaba atrasada escribiendo, el profesor le ofrecía su ayuda durante el descanso y aprovechando su estado de indefensión le hacía tocamientos inmorales en el salón de clase.
La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el señor Álvaro Elías Restrepo Martínez, exdocente de la Institución Educativa Sebastián de Belalcázar de Medellín (Antioquia), por presuntos comportamientos sexuales abusivos.
Al parecer, en su condición de servidor público, el entonces docente del grado primero de primaria atentó contra la integridad física y sicológica de una estudiante de siete años de edad, a quien en varias oportunidades efectuó tocamientos de tipo libidinoso durante el descanso previsto dentro del horario de clase, cuando la niña se quedaba para desatrasarse.
Además, aprovechando su estado de indefensión y que su capacidad de comprensión sobre la dimensión de tales actos no le permitía entender que debía oponerse a tales tocamientos, amenazó a la menor de edad para que no contara lo ocurrido diciéndole que si lo hacía su mamá le pegaría.
Según el informe técnico médico-legal sexológico y el Informe Técnico Relación Médico Legal del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Seccional Antioquia, así como la historia clínica del Hospital Pablo Tobón Uribe, la presunta conducta desplegada por el señor Restrepo Martínez podría haber causado afectación a la salud de la menor.
Para la Procuraduría, esta posible conducta es reprochable, inaceptable e irrespetuosa y podría configurarse en falta disciplinaria gravísima a título de dolo por cuanto el investigado, conociendo el carácter prohibido de su proceder, actuó contrario al deber que le asistía de ser un ejemplo para sus educandos y de brindarles una formación ética y moral acorde a las normas que propenden por la protección y guarda de los derechos de los menores.
La Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá precisó que el investigado y/o su apoderado cuentan con un término de diez días hábiles siguientes a la notificación, para aportar o solicitar las pruebas que consideren pertinentes y presentar descargos con el objeto de ejercer el derecho a la defensa.