"Pregunta del plebiscito cercena promesa del Presidente de que el pueblo tendrá la última palabra": Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado

 

En la jornada de capacitación a personeros de los departamentos de Pasto y Putumayo, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado,  señaló que la pregunta del plebiscito genera muchas preocupaciones porque “cercena promesa del Presidente de que el pueblo tendrá la última palabra”.

 

El jefe del Ministerio Público dijo que otra de las inquietudes que le genera la pregunta tiene que ver con que se estaría insinuando que el Acuerdo tiene efecto jurídico por sí mismo, lo cual contradice la sentencia de la Corte Constitucional que señaló que el acuerdo no tendría ningún poder vinculante y que debía hacer tránsito en el Congreso de la República y solamente comprometería y vincularía al Presidente de la República.

 

Por otra parte, declaró que “la pregunta habla de apoyar cuando había debido ser aprobar, ese era el compromiso con los colombianos que tuvieran la última palabra y no se está cumpliendo. Además, la Corte Constitucional lo dijo de una manera clara que aquí no se está discutiendo el derecho a la paz, lo que se debe discutir es si se está de acuerdo o no con el acuerdo entre Santos y alias Timochenko”.

 

Además, habló sobre el deber que tiene la Procuraduría de ejercer vigilancia y control para garantizar el voto libre y consciente de los ciudadanos en el plebiscito. Aseguró que cumplirá sus funciones constitucionales porque no puede pretenderse que haya ausencia de controles y que si no se respetan las normas “se está permitiendo que se haga trampa y eso afecta el sentido de la decisión”.

 

Recordó el procurador que la misma Corte Constitucional avala la intervención de los órganos de control con el fin de garantizar los derechos de los ciudadanos y “la Procuraduría ha intervenido, interviene y seguirá interviniendo para que los colombianos puedan ejercer de manera tranquila, consciente e informada el voto”.

 

 

El procurador mostró su preocupación frente al manejo de la Jurisdicción Especial para la Paz porque “opera un desplazamiento de los órganos judiciales ordinarios y un desconocimiento a la seguridad jurídica, porque incluso las sentencias que estuvieran en firme y las penas que estuvieran en ejecución quedarían sin efecto respecto a quienes hayan cometido esa clase de delitos de vinculación con grupos al margen de la Ley. La Corte Suprema de Justicia, la jurisdicción ordinaria, incluidos los órganos de investigación, el Consejo de Estado y los organismos de control quedan desplazados frente a las decisiones que afecten a las personas que tengan este género de vinculaciones y que vayan a ser sujeto de investigación por la JEP”.

 

 

Sobre la comunicación que envió al Consejo Nacional Electoral para que investigue y esté atento a las campañas del “Sí” y del “No”, con el fin de que no haya publicidad engañosa y no se insinúe que se está discutiendo el derecho a la paz, el jefe del Ministerio Público afirmó que “la Procuraduría, el Ministerio Público y los entes de control harán respetar las normas, gústele a quien le guste”.

 

De otro lado, se refirió a la carta enviada por el expresidente Álvaro Uribe para que intervenga en el caso del exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias y dijo que recibió la misiva, está evaluando la intervención que se puede hacer en la materia y pronto tomará decisiones al respecto.