Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado advirtió sobre desmesurada judicialización para el reconocimiento de los derechos en materia de seguridad social
“Debido a que el derecho pensional, los riesgos laborales, los temas de salud y en general el reconocimiento de derechos laborales y de seguridad social en Colombia no son un tema pacífico, a pesar de los avances normativos y de la jurisprudencia en general, prevalece una desmesurada judicialización en el país”. Así lo advirtió el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, durante su intervención durante el Seminario Iberoamericano sobre Constitucionalización de la Seguridad Social que se lleva a cabo en la ciudad de Cartagena.
Durante su intervención el jefe del Ministerio Público se refirió a las problemáticas que el país ha enfrentado en materia de protección social, entre ellas la vulneración del derecho a la salud, por la que los ciudadanos han interpuesto miles de tutelas para conseguir un tratamiento, una cirugía e incluso una cita, lo que ha generado asimismo un trascendental desarrollo jurisprudencial y permanentes exhortaciones a las instituciones públicas y privadas para que diseñen políticas públicas, planes y programas adecuados, y cumplan las normas vigentes para la garantía de este derecho.
De otra parte, destacó que la Corte Constitucional ha definido varios grupos vulnerables como objeto de especial protección, entre ellos la población desplazada, las personas en condición de discapacidad, las minorías étnicas, las personas privadas de la libertad en las cárceles, los adultos mayores, los menores de edad, los indigentes, los defensores de derechos humanos, las mujeres en estado de embarazo o lactancia, los homosexuales y las mujeres discriminadas por razón de sexo. Señaló al respecto que las garantías mínimas que el Estado debe darle a los ciudadanos en materia de protección social no deben limitarse a los amparos por situación de vulnerabilidad y pobreza, sino que deben además extenderse a quienes están en regímenes contributivos, sean éstos públicos o privados.
Asimismo, advirtió que las políticas de protección social deben tener sólidas bases financieras: “la inversión social es una de las grandes riquezas de las naciones que reconocen a los adultos mayores, a los pobres, a los huérfanos, a las viudas, a los enfermos, a la infancia, a las minorías, a las personas con discapacidad, como la razón de ser de un Estado Social de Derecho”. Aseguró que la desprotección a que pueden ser sometidos estos grupos de población cuando se desconocen sus derechos debido al “costo” que implican, constituye una grave violación de los derechos humanos por su conexión con la vida, la salud y la dignidad.
El Seminario Iberoamericano sobre Constitucionalización de la Seguridad Social, se lleva a cabo en el Centro de Formación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en la capital de Bolívar, convocado por la Secretaría General de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y la Procuraduría General de la Nación. En el evento participan autoridades responsables del diseño, implementación y ejecución de políticas públicas de seguridad social, así como magistrados, jueces y procuradores que han asumido en sus países la labor de hacer cumplir las normas y la jurisprudencia en la materia.