Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado crea el Comité de Articulación Interna en Asuntos de Mujer y Género de la Procuraduría General de la Nación
• El Comité integra representantes de la mayoría de dependencias de la Entidad, con el fin de fortalecer la articulación en asuntos de mujer y género.
El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, conformó el “Comité de Articulación Interna en Asuntos de Mujer y Género”, con el propósito de fortalecer los procesos que se adelantan al interior de este órgano de control en la materia.
El citado comité, creado mediante Resolución 381 del pasado 16 de noviembre, está integrado por representantes de la mayoría de las procuradurías delegadas y de las demás dependencias de la Entidad. Su gestión buscará la efectiva transversalización del enfoque de género en las funciones preventiva, disciplinaria y de intervención, así como el permanente seguimiento a las entidades con competencia en la garantía de los derechos de las mujeres para que se de cabal cumplimiento a la normatividad vigente.
La Constitución Política reconoce que la mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades y como tal la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación; a su vez la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) establece obligaciones al Estado colombiano para que adopte medidas en aras de superar la discriminación contra la mujer, tanto en el ámbito privado como público. Igualmente la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, demanda del Estado acciones que condenen toda forma de violencia contra la mujer, exhortándolo a adoptar todas las medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia.
Marco normativo para la protección y no discriminación contra las mujeres
De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, Colombia se encuentra comprometida en promover la igualdad y la autonomía de la mujer. El país ha venido adoptando mecanismos legales para garantizar la protección especial y no discriminación contra las mujeres, tales como la Ley 581 de 2000, ”por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios”, la Ley 823 de 10 de julio de 2003, ”por la cual se dictan normas sobre igualdad de oportunidades para las mujeres” y recientemente la Ley 1496 de 29 de diciembre de 2011 por medio de la cual “se garantiza la igualdad salarial y de retribución laboral entre mujeres y hombres, se establecen mecanismos para erradicar cualquier forma de discriminación y se dictan otras disposiciones”. Además, con la expedición de la Ley 1257 de 2008 y sus decretos reglamentarios de 2011, se ha definido una serie de acciones y herramientas orientadas específicamente a erradicar cualquier forma de violencia contra la mujer.
Por su parte la Ley 1448 de 2011 estableció el “principio del enfoque diferencial” con el objetivo de que en la ejecución y adopción de políticas de asistencia y reparación a las víctimas del conflicto armado por parte del Gobierno Nacional, se adopten criterios diferenciales que respondan a las particularidades y grado de vulnerabilidad de los grupos expuestos a mayor riesgo como mujeres, niños y jóvenes, por lo que estableció el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias, instituyó normas especiales para mujeres en proceso de restitución de tierras y estableció especial protección del Estado en los trámites administrativos y judiciales a favor de las mujeres. Cabe destacar además que en virtud del Plan Nacional de Desarrollo 2010–2014 “Prosperidad para todos” el Gobierno Nacional adoptó el pasado mes de septiembre los lineamientos de la Política Pública Nacional de Equidad de Género.
Compromiso del Ministerio Público
Trabajar por la efectiva garantía de los derechos de las mujeres es y seguirá siendo un objetivo primordial de la Procuraduría General de la Nación, que se ve materializado una vez más a través de la creación del mencionado Comité, que tendrá como secretaria técnica a la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia, instancia que deberá coordinar el proceso de articulación interna en la materia.