Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado da plazo hasta el próximo 15 de diciembre para que gobernadores y alcaldes de Colombia ajusten los planes de atención y reparación de víctimas con el Plan Nacional de Víctimas
• El pronunciamiento del jefe del Ministerio Público se realizó en el “Primer encuentro de gobernadores y Ministerio Público: Implicaciones e implementación Ley de víctimas y restitución de tierras en el orden territorial”, convocado por la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público.
• 120 asistentes, entre los que se incluyen los mandatarios departamentales, sus equipos de trabajo y funcionarios de la Procuraduría, analizaron el avance de la implementación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas) y demás relacionadas en el nivel territorial.
“El próximo 15 de diciembre vence el plazo que tienen los gobernadores y alcaldes de Colombia para ajustar los planes de atención y reparación a víctimas con el Plan Nacional en esta materia”, así se los hizo saber el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, a los 32 mandatarios departamentales y representantes de las entidades territoriales que asistieron al “Primer encuentro de gobernadores y Ministerio Público: Implicaciones e implementación Ley de víctimas y restitución de tierras en el orden territorial”, organizado por la Procuraduría General de la Nación y el Instituto de Estudios del Ministerio Público en Bogotá.
De esta manera, los gobernadores deben garantizar la ayuda humanitaria inmediata y la seguridad de las víctimas; priorizar la construcción de infraestructura para vías y para la prestación de servicios públicos que beneficien directamente a las víctimas que retornen o se reubiquen en los territorios de los municipios de su respectiva jurisdicción.
De igual forma, deben garantizar la operación y sostenimiento de los centros regionales de atención; generar alternativas que incentiven el desarrollo y ejecución de proyectos de vivienda para población víctima; habilitar suelo para la construcción, mejoramiento y titulación de viviendas; destinar recursos para la construcción, ampliación o desarrollo de mejoras en la infraestructura y dotación de los establecimientos educativos; entre otros aspectos, lo cual pone de manifiesto múltiples áreas de intervención y tareas a desarrollar en los diferentes departamentos de Colombia.
El jefe del Ministerio Público realizó algunas reflexiones sobre el balance del primer año de aplicación de la Ley de Víctimas, asegurando que se plantean enormes desafíos como adelantar diversas estrategias para las entidades y autoridades del Estado encargadas de tal misión, como “seguir trabajando de manera interinstitucional lo relacionado con el derecho que tienen las víctimas a la participación, lo cual exige poner en funcionamiento un protocolo de participación por parte de la Unidad de Atención y Reparación a Víctimas; consolidar el número de víctimas incluidas en el Registro Único de Víctimas y cumplir con el plazo de 60 días que la Ley dispone para decidir sobre la inclusión de las víctimas en el respectivo registro por parte de la Unidad de Atención y Reparación; seguir trabajando decididamente en los planes de retorno, reubicación y todo lo relacionado con la protección de las víctimas del conflicto y reclamantes de tierras”.
Finalmente el doctor Ordóñez Maldonado recordó a los mandatarios “que para el cumplimiento de tales obligaciones no sólo cuentan con el apoyo de las entidades del orden nacional sino también con el trabajo mancomunado de la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales”.
El evento contó con la participación de funcionarios del Ministerio del Interior y Defensoría del Pueblo, quienes plantearon los lineamientos para la construcción de los planes de prevención y protección de las víctimas, así como las responsabilidades de las entidades territoriales para garantizar la participación de las organizaciones de víctimas en la implementación.