Procurador Alejandro Ordóñez Maldonado escuchó planteamientos de los voceros de las más de seis millones de víctimas del conflicto
• Por cerca de tres horas, el jefe del Ministerio Público presidió reunión de los organismos de control con el pleno de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas.
• Voceros se refirieron a dificultades que enfrentan en materias como seguridad, acceso a vivienda, oportunidades laborales y participación.
• Ministerio Público liderará agenda y realizará seguimiento para que organismos responsables de esta política pública avancen en la implementación efectiva de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
En una intensa jornada en la que se escucharon más de 20 intervenciones de voceros de las víctimas del conflicto armado en Colombia, el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado se reunió con el pleno de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas, en respuesta al compromiso que los organismos de control adquirieron el pasado 8 de abril para conocer con mayor profundidad las dificultades que enfrenta esta población y su percepción frente a la implementación de la Ley 1448 de 2011.
Al evento, que se realizó este lunes 28 de abril, asistieron el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora Gómez; el contralor delegado para Asuntos Agropecuarios (E), Juan Carlos Villamizar; los representantes de la Mesa Nacional de Participación en la Comisión de Seguimiento y Monitoreo a la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, Yojaira María Carrascal Domínguez, Orlando Burgos García y Edgardo Flórez Martínez; el coordinador del Comité Ejecutivo, Jorge Eliécer Vásquez Lamilla; y los 50 integrantes de la mencionada Mesa Nacional.
La voz de las víctimas
En coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Mesa Nacional de Participación de Víctimas definió la intervención de sus voceros teniendo como referencia los hechos victimizantes y el enfoque diferencial. En este sentido se escucharon planteamientos alrededor de las temáticas:
• Vida y libertad
• Integridad física
• Violencia sexual
• Desplazamiento forzado
• Discapacidad
• Jóvenes
• Comunidad LGBTI
• Adultos Mayores
• Mujeres
• Negros, afros y palenqueros
• Indígenas
• Entidades territoriales
Quienes hablaron en nombre de las más de seis millones de víctimas del conflicto armado, se refirieron de manera reiterada a debilidades como la falta de coordinación entre las entidades del orden nacional que conforman el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) y los entes territoriales; la deficiente actuación de algunos personeros municipales; la ausencia de reparación integral, la sujeción de sus requerimientos y urgentes solicitudes a las agendas y formalidades de la institucionalidad, y la dificultad para acceder de manera efectiva a los espacios de participación previstos por la ley.
Insistieron asimismo en la fragilidad de las condiciones de seguridad, especialmente de los líderes de restitución de tierras, y en la “lentitud” de los organismos que deben investigar y juzgar tanto las amenazas como los crímenes que se han registrado.
Los voceros de la Mesa Nacional de Participación de Víctimas le entregaron al procurador Alejandro Ordóñez Maldonado varios documentos con peticiones, testimonios e informes sobre la situación de los colombianos afectados por el conflicto y lo que ellos consideran “inmensa brecha” entre la realidad y los informes del Gobierno Nacional.
Entre las peticiones formuladas se reiteró la de convocar, a instancias de los organismos de control, a una audiencia de rendición pública de cuentas de las unidades para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, para la Restitución de Tierras y Nacional de Protección.
Ante la insistente petición de los delegados de las víctimas para que se adopten decisiones disciplinarias por las debilidades en la implementación de la Ley 1448 de 2011, el jefe del Ministerio Público anunció que se han recibido a la fecha 95 quejas: 67 casos se encuentran en etapa preliminar y en 6 procesos ya se abrió investigación formal: “Di la orden de concentrar todas estas investigaciones bajo la coordinación de un solo funcionario para tener un mayor control sobre este tema”, puntualizó el procurador general.
Al cierre del evento del defensor del Pueblo anunció que el Ministerio Público liderará la agenda y realizará el seguimiento para que los organismos responsables de esta política pública den respuestas concretas a las peticiones de la Mesa Nacional de Participación y avancen en la implementación efectiva de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.