Procurador Alejandro Ordóñez expidió directriz para que se cumplan sentencias de tutela sobre la declaración del sistema penitenciario y carcelario "estado de cosas contrario a la Constitución de 1991"

Por medio de una directiva, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, le solicitó al Congreso de la República y a los ministerios de Justicia y del Derecho, Salud, Educación, Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Hacienda y Crédito Público, así como a la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República, que den estricto cumplimiento a las órdenes proferidas por la Corte Constitucional en las sentencias de tutela T-388 y T-762 de 2015, que hacen referencia a la declaratoria de "Estado de cosas contrario a la Constitución de 1991" del sistema penitenciario y carcelario.

La segunda de dichas sentencias también declaró que “la Política Criminal Colombiana ha sido reactiva, populista, poco reflexiva, volátil, incoherente y subordinaría a la política de seguridad; así mismo, que el manejo histórico de la Política Criminal en el país ha contribuido a perpetuar la violación masiva de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad e impide, en la actualidad, lograr el fin resocializador de la pena”, por lo que se le pidió al procurador general de la Nación adelantar las gestiones necesarias para emprender y desarrollar su función preventiva de vigilancia y cumplimiento del fallo.

De igual forma, el jefe del Ministerio Público pidió que las entidades presenten un informe mensual sobre los avances y dificultades en la implementación de esas tutelas, para lo que ordenó a la Procuraduría Delegada para la Prevención en Materia de Derechos Humanos y Asuntos Étnicos que realice el seguimiento al cumplimiento de lo impartido.

Por su parte, la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales estará atenta a lo relacionado  con la defensa de los Derechos Humanos  y las garantías de los procesados privados de la libertad en todo lo relacionado con la intervención ante los juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad y en la aplicación de lo establecido en el artículo 29 de la resolución 248 de 2014.

Esta directiva emitida por el jefe del órgano de control también está dirigida a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de la Presidencia, el Inpec, a los directores de los establecimientos penitenciarios y carcelarios, Departamento Nacional de Planeación, Consejo Superior de Política Criminal, el Comité Interdisciplinario para la Estructuración de Normas Técnicas Sobre la Privación de la Libertad, la EPS Caprecom o quien haga sus veces, las alcaldías municipales y distritales y a la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, el procurador Ordóñez Maldonado dio instrucciones precisas a los procuradores regionales para que conformen las mesas de trabajo para asuntos penitenciarios y carcelarios, integradas también por los procuradores provinciales y los coordinadores de procuradores judiciales penales del respectivo Distrito Judicial.