Procurador Alejandro Ordóñez expuso 'Pacto para la paz' al coordinador de Naciones Unidas en Colombia y al analista León Valencia

 

 

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, se reunió este miércoles en la sede central de la Entidad con Fabrizio Hochschild, coordinador residente y humanitario de la Organización de las Naciones Unidas en Colombia; y con el analista León Valencia, con quienes abordó las negociaciones de paz que desarrollan el Gobierno Nacional y el grupo terrorista FARC, puntualizando la necesidad de que los sectores políticos y sociales del país confluyan en un ‘Pacto para la paz’ que permita llevar el proceso a buen puerto, garantizando la desarticulación del aparato criminal de las FARC, esto es entrega de armas, desmovilización, reconocimiento de su condición de victimarios y de los derechos de las víctimas, en cumplimiento de sus obligaciones de justicia, verdad y reparación.   

 

Para el Procurador Ordoñez blindar el Acuerdo de Terminación del Conflicto que se suscriba con las FARC requiere acatar los estándares del derecho internacional en materia de justicia y de los derechos de las víctimas, así como respetar los 25 mínimos derivados de las sentencias de la Corte Constitucional sobre el marco jurídico para la paz.

 

“Pero además se necesita de un pacto político con todos los sectores de la sociedad, los partidos políticos, las organizaciones sociales y entre los defensores del proceso y sus más duros críticos, con el fin de que lo que se firme con las FARC se cumpla y logrado el acuerdo este se convierta en una política de Estado”, manifestó el procurador general.

 

Señaló el jefe del Ministerio Público que el ‘Pacto para la Paz’ debe garantizar que la paz sea sostenible en el plano jurídico y político, así como garantizar a los colombianos que el acuerdo con las FARC no incluya impunidad para los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios, puntualizando que los mínimos de justicia transicional a aplicarse deben garantizar que el proceso esté “blindado” jurídicamente a nivel local e internacional.