Procurador Alejandro Ordóñez pide a la CIDH detener ataque de Nicolás Maduro contra los colombianos
Como responsable de la defensa de los Derechos Humanos y representante de los intereses de la sociedad, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordoñez Maldonado, solicitó el día de hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ordene al Gobierno de Nicolás Maduro desmontar la política sistemática de ataques en contra de la población colombiana en la frontera.
En el documento radicado hoy se solicitan medidas cautelares con base en el Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la obligación de ese organismo de velar por el cumplimiento de los compromisos asumidos por los estados partes, en particular, los que se derivan de la Convención, la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre, y la Carta de la OEA (1).
Ante el fracaso de la reunión de cancilleres de la OEA propuesta por el Gobierno colombiano, la Procuraduría busca que las medidas cautelares protejan los derechos humanos a la vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales, protección a la familia, derechos de los niños, derechos a la propiedad privada, derecho de circulación y residencia y a la protección judicial de todos los colombianos en frontera.
El documento se soporta en denuncias documentadas sobre las graves vulneraciones a esos derechos, perpetradas por el Estado venezolano como parte de una política sistemática de ataque contra la población en razón de su nacionalidad colombiana. Dicha política ha sido diseñada, ordenada, dirigida y ejecutada bajo la supervisión directa del presidente Nicolás Maduro.
En los últimos meses, y más concretamente, en las últimas semanas, dicha política de ataques escaló. Se han presentado cientos de deportaciones arbitrarias y colectivas de ciudadanos colombianos en situación migratoria irregular o regular o con condición de refugio reconocida, por el solo hecho de ser nacionales colombianos o de origen colombiano, ejecutadas por parte del Gobierno venezolano a través de sus fuerzas militares en el marco de un estado de excepción decretado en diferentes municipios del estado Táchira, siguiendo una política de ataque sistemático decretada públicamente por el presidente Nicolás Maduro contra la población de colombianos que habita en la frontera binacional.
Tales ataques son múltiples y se han intensificado en los últimos días con el cierre de la frontera y comprenden, de acuerdo con las denuncias públicas, al menos las siguientes situaciones arbitrarias:
1. Una campaña de estigmatización y persecución en contra de personas que viven en la zona de frontera en razón a su nacionalidad colombiana. En muchos casos, esas personas se encuentran legítimamente en ese territorio y cumplen con la documentación que exige el ordenamiento jurídico de ese país. Existen denuncias de personas que afirman que sus documentos legales han sido destruidos por los agentes del Gobierno venezolano antes de ser expulsados de su territorio nacional.
2. Desplazamiento forzoso con la expulsión de personas y de diversos actos coercitivos. A los colombianos se les ha criminalizado, estigmatizado y han sido sometidos a actos de humillación, tratos crueles, inhumanos y degradantes.
3. Los colombianos están siendo objeto de medidas de confinamiento y aislamiento. Se desconoce la libertad de locomoción y son demolidas sus casas. Las autoridades ingresan a estas de manera constante y sin orden judicial, como parte de una práctica de hostigamiento permanente.
4. Se han denunciado casos de abuso sexual contra mujeres colombianas. También de tortura con ataques contra la integridad física creando un ambiente psicológico de inseguridad y temor en la población colombiana.
5. Se concentra arbitrariamente a la población colombiana en lugares determinados en territorio venezolano y se separa a padres de sus hijos nacidos en ese país.
6. En lo que constituye una prueba de política de xenofobia, se marcan las casas donde habitan familias colombianas con el fin de que estas sean demolidas por las autoridades.
De todo lo anterior se desprende que el Gobierno de Nicolás Maduro adoptó una política de persecución que se traduce en la privación intencional y grave de los derechos humanos de los colombianos que se encontraban, y aún se encuentran, asentados en su territorio nacional.
La Procuraduría espera que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actué a la mayor brevedad y evite que la crisis humanitaria se siga agravando, con alto costo para los derechos de miles de colombianos que viven en la frontera.
Desde el primer día de la crisis la Procuraduría General de la Nación ha estado en el terreno acompañando a los colombianos víctimas de la persecución del Gobierno venezolano.
Resultado de ese trabajo, la entidad ha recopilado suficiente información y material probatorio que le permite acudir a las instancias internacionales para defender los derechos de los colombianos.
(1). Carta de la OEA. Artículo 106. Habrá una Comisión Interamericana de Derechos Humanos que tendrá, como función principal, la de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la Organización en esta materia.Una convención interamericana sobre derechos humanos determinará la estructura, competencia y procedimiento de dicha Comisión, así como los de los otros órganos encargados de esa materia.