Procurador Alejandro Ordóñez promueve articulación entre entidades responsables de ejecutar ley de políticas públicas para habitantes de calle

• En Colombia no hay justificación para que haya un solo habitantes de calle. Existen los recursos y las obligaciones legales para que los ciudadanos en esta situación sean atendidos por el Estado.
 
• “Creo que si hay una política pública que es esencial y sustancial es ésta, englobada en la política pública de familia”, dijo el jefe del Ministerio Público tras la mesa de trabajo de seguimiento a la Ley 1641 de 2013 promovida por la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales.

• El procurador se reunió este martes con representantes del Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Secretaría de Integración Social de Bogotá.  

• Una de las conclusiones del encuentro fue la necesidad de socializar e impulsar acciones en la materia al interior de las entidades territoriales.

La Procuraduría General de la Nación convocó y presidió este martes una mesa de trabajo con las entidades responsables de ejecutar la Ley 1641 de 2013, por la cual se establecen los lineamientos para la formulación de la política pública social para habitantes de la calle en Colombia.

El jefe del Ministerio Público y el procurador delegado para la Descentralización y las Entidades Territoriales, Carlos Augusto Mesa, conocieron de primera mano los análisis, caracterizaciones de población y programas emprendidos por las instituciones del orden nacional y distrital, destacando la importancia de optimizar las acciones de articulación y la necesidad de que las entidades territoriales del país conozcan sus retos y responsabilidades en la materia.  

“Es indudable que esto afecta todos los escenarios de la sociedad. El desbarajuste, el descuadernamiento de la sociedad se topa rápidamente con este fenómeno de los habitantes de la calle. Esto nos coloca ante la importancia de la articulación de muchas políticas públicas, de la niñez, de la adolescencia, de salud, de género, de educación, de discapacidad, de víctimas del conflicto, de atención a los consumidores adictos, con el enfoque diferencial”, aseguró el jefe del Ministerio Público.

Entre la información suministrada por las entidades sobresalen datos estadísticos de la Secretaría de Integración Social de Bogotá, que dan cuenta de que en los años 2007 y 2011, más del 40 por ciento de los casos de habitantes de calle en la capital fueron consecuencia de rupturas en las redes familiares, ante lo cual el procurador general aseguró que “si hay una política pública que es esencial y sustancial es ésta, englobada en la política pública de familia”.

Antes de presentar los avances interinstitucionales en lo relativo a la ejecución de la Ley 1641 de 2013 ante el Congreso de la República, las entidades vinculadas se comprometieron a la realización de una mesa técnica de caracterización el próximo 21 de mayo, una ruta social en zonas de concentración de habitantes de calle en la capital colombiana y la consolidación de un documento final. 

La Procuraduría, con el apoyo y sugerencias del Ministerio de Salud, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la Policía Nacional, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Nacional de Estadística, la Defensoría del Pueblo, el Servicio Nacional de Aprendizaje y la Secretaría de Integración Social de Bogotá, emitirá una circular con el objeto de motivar a los alcaldes del país a la implementación de políticas públicas en favor de habitantes de calle, y a la vez recordará a los mandatarios sus responsabilidades de ley en ese sentido.    

PGN | Fecha Publicación: martes, 29 abril 2014 06:26 PM