Procurador Alejandro Ordóñez solicitó al Gobierno Nacional mantener la ofensiva contra el ELN mientras se realizan diálogos
• En comunicación escrita, el jefe del Ministerio Público explicó las razones por las cuales insta al Gobierno a mantener la ofensiva en contra del grupo terrorista.
• Solicitó tres puntos: asegurar a los ciudadanos de Norte de Santander, atacar las fuentes de financiación del ELN y elaborar y ejecutar una estrategia para garantizar el control de los territorios que controla la guerrilla.
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, envió una comunicación al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas; y al jefe de la delegación del Gobierno Nacional en las conversaciones con el ELN, Frank Pearl, solicitando que se mantenga la ofensiva militar en contra de este grupo ilegal.
Los constantes ataques que ha realizado la guerrilla en los últimos días son el principal argumento para que el procurador pidiera al Gobierno no ceder en vista de las negociaciones que se inician.
El asesinato del comandante de la estación de Policía de El Tarra (Norte de Santander) Javier Vanegas Sarmiento, el hostigamiento a la base militar entre este municipio y Tibú, el atentado contra el alcalde de El Carmen, el ataque a la base en San Calixto, el homicidio del agente Milton Javier Méndez, los ataques terroristas en las vías entre Chocó y Antioquia, y las ofensivas en contra de los intentos del sofocamiento de incendios en el Catatumbo, que serían causados para sembrar cultivos de cocaína según denunció el gobernador del departamento; son los motivos esgrimidos por el jefe del Ministerio Público en su comunicación.
“Todos son hechos sumamente graves ocurridos apenas días después de que se anunciara la fase pública de las negociaciones con el ELN. ¿Son estas las demostraciones de voluntad de paz del ELN? ¿A punta de masacres pretende ese aparato terrorista y narcotraficante que los colombianos crean en su compromiso con la paz?”, consultó el procurador.
En la misiva también advirtió sobre la posible estrategia del ELN de repetir una escalada militar como la que se presentó cuando comenzaron las conversaciones de paz en La Habana, pues “en su lógica, consideran que arreciar el asesinato de miembros de la fuerza pública y los ataques a la población civil puede generar una situación como la que llevó a que al presidente de la República ordenara suspender los bombardeos contra los campamentos de las FARC, luego de que esa organización anunciara en julio pasado un ‘cese unilateral’ y masacrara 11 soldados en el municipio de Buenos Aires, Cauca”.
Asimismo señaló los constantes reportes de miembros de la fuerza pública que recibe la Procuraduría General de la Nación sobre el alto de las operaciones en contra de las FARC, convirtiéndose así en un “cese bilateral de facto”, lo cual llevaría a un mayor número de ataques terroristas y masacres por parte del ELN.
“El Gobierno no puede repetir errores que le cuestan la vida a policías, soldados y ciudadanos”, enfatizó en la comunicación, a la vez que advertía sobre la intención de miembros de bandas criminales de arreciar acciones en busca de una negociación y del intercambio de brazaletes entre miembros del ELN, el EPL y las FARC.
De igual manera denunció la degradación de la seguridad en los campos y ciudades de Norte de Santander por la eliminación de la erradicación de cultivos ilícitos, que se han quintuplicado en los últimos cuatro años.
El procurador General de la Nación solicitó tres puntos fundamentales al Gobierno:
1. Poner de manera inmediata todos los recursos de la fuerza pública para separar los aparatos criminales que constituyen amenazas contra la seguridad de los ciudadanos de Norte de Santander.
2. Atacar las fuentes de financiación y control del narcotráfico y adoptar un plan de ejecución inmediata para erradicar los cultivos de coca del departamento.
3. Elaborar y ejecutar una estrategia que involucre a las autoridades departamentales, municipales, entidades del Gobierno Nacional, la rama judicial y los organismos de control, para garantizar en los territorios una presencia estatal eficaz y la prestación de los servicios sociales.
Finalmente puso al Ministerio Público a disposición para realizar un seguimiento sobre la seguridad en Norte de Santander, para garantizar así los derechos de los habitantes.
“La búsqueda de la paz no puede hacerse a costa de la seguridad y los derechos a la vida y libertades de los ciudadanos”, concluyó el procurador Alejandro Ordóñez Maldonado.
PGN | Fecha Publicación: viernes, 8 abril 2016 11:09 AM