Boletín 793
Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicita a la Corte Constitucional aclarar Auto relativo a bases militares en el departamento del Guaviare
Fuente: PGN
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En atención a lo señalado en el numeral décimo de la parte resolutiva del Auto 173 de 2012 proferido por la Corte Constitucional, así como a lo precisado en el comunicado de prensa del pasado 2 de agosto, hoy el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado, solicitó a la Sala Especial de Seguimiento a la Sentencia T-025 de 2004 y sus respectivos Autos de Cumplimiento, que aclare mediante Auto motivado y no mediante comunicado de prensa, lo ordenado al Ministerio de Defensa Nacional con respecto a la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina ubicada en el Departamento del Guaviare.
Lo anterior, toda vez que en el numeral décimo del citado Auto la Sala expresamente dispuso: “ORDENAR al Ministerio de Defensa Nacional la devolución del área del resguardo Jiw de Barrancón – Guaviare, que actualmente ocupa la Escuela de Fuerzas Especiales e Infantería de Marina, en un periodo no mayor a seis (6) meses. Este proceso deberá hacerse con acompañamiento permanente de la Defensoría del Pueblo, Pastoral Social Caritas – Sur Oriente y la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados – Territorial Meta”.
Mientras que en el comunicado de prensa publicado en la página web de la Corte Constitucional, allí “no se ordena el retiro de dos (2) bases militares ubicadas en los departamentos de Meta y Guaviare, sino la devolución de 6 hectáreas de territorio colectivo ocupadas actualmente en la forma descrita, en el departamento del Guaviare. Al Ministerio de Defensa le fueron adjudicadas 250 hectáreas en la zona, mediante Resolución No. 571 del 31 de mayo de 1988, expedida por el anterior Instituto Colombiano de la Reforma Agraria – INCORA, que puede ocupar, sin poner en riesgo esas comunidades indígenas. Tal decisión nada tiene que ver con otros territorios del país”.
Por último, el Jefe del Ministerio Público informó a la Corte Constitucional que ordenará la conformación de “una comisión técnica que verifique en el área la situación de las personas y pueblos cuyos derechos fundamentales se encuentran amenazados”.